Sin integración regional no hay potencia agroalimentaria

Hace apenas unas semanas la conversación pública giraba en torno a consultas, precandidatos y cálculos electorales. Hoy el escenario político cambió: Colombia tiene un nuevo Congreso y el país entra en la fase decisiva de la carrera presidencial. Sin embargo, en medio de ese ruido político hay un silencio preocupante: el debate serio sobre el futuro del campo colombiano.

Y es un silencio costoso. Según cifras del Dane, el sector agropecuario representa cerca del 6,5 % del PIB nacional y genera más del 16 % del empleo del país, una participación que en regiones como el Caribe supera ampliamente esos promedios. Aun así, la agenda rural suele aparecer tarde en la discusión pública y, muchas veces, de manera superficial. Paradójicamente, cuando la agricultura crece todos celebran sus resultados; pero cuando se trata de construir las condiciones estructurales para su desarrollo, el respaldo político suele diluirse. El nuevo Congreso tiene ante sí una oportunidad (también una responsabilidad histórica): redefinir la agenda agropecuaria del país con una visión estratégica de largo plazo. Y en ese desafío, la integración regional del Caribe colombiano debe ocupar un lugar central. Durante décadas, el Caribe ha sido visto desde Bogotá como una periferia productiva fragmentada. Sin embargo, los estudios de la Upra, la Cepal y el Banco Mundial coinciden en algo fundamental: la región posee condiciones excepcionales para convertirse en uno de los polos agroalimentarios más dinámicos de América Latina. Clima tropical, acceso a puertos, cercanía a mercados internacionales y disponibilidad de tierras con vocación productiva son activos estratégicos que pocos territorios en el mundo concentran al mismo tiempo. El problema no es la falta de potencial. El problema ha sido la falta de articulación. Hoy el Caribe colombiano produce frutas tropicales, cacao, palma, ganadería sostenible, coco, arroz, maíz y una creciente oferta hortofrutícola. Sin embargo, esa producción opera muchas veces como islas productivas desconectadas, con cadenas logísticas incompletas, infraestructura insuficiente y una débil coordinación entre departamentos. El resultado es conocido: altos costos logísticos, baja productividad relativa y dificultades para escalar hacia mercados internacionales. La CAF y el BID han señalado reiteradamente que uno de los mayores obstáculos para la competitividad agroalimentaria en América Latina es la falta de bienes públicos rurales: vías terciarias, sistemas de riego, investigación aplicada, logística y acceso a financiamiento de largo plazo. Colombia no es la excepción. En el Caribe, por ejemplo, más del 70 % de las vías rurales presentan condiciones deficientes, según estimaciones del DNP y el Banco Mundial. Esta realidad no solo encarece la producción; también limita la integración territorial y la consolidación de cadenas de valor regionales. Por eso el reto del nuevo Congreso no puede limitarse a discutir programas aislados o subsidios de corto plazo. La verdadera discusión debe ser estructural. Primero, seguridad jurídica sobre la tierra. Sin formalización de la propiedad rural y sin avances reales en el catastro multipropósito, será difícil atraer inversión productiva de largo plazo. La experiencia internacional muestra que la claridad sobre la tenencia de la tierra es uno de los factores que más inciden en la productividad agrícola. Segundo, infraestructura rural estratégica. No se trata únicamente de vías terciarias, sino de una visión logística integral que conecte producción, transformación y exportación. El Caribe tiene una ventaja natural: su cercanía a puertos marítimos. Pero esa ventaja solo se materializa si existe una red eficiente que conecte las zonas productivas con esos corredores logísticos. Tercero, integración regional como política pública. Este punto es quizá el más importante. El Caribe necesita pensar y actuar como una región económica integrada, no como ocho departamentos compitiendo entre sí por recursos nacionales. La integración permitiría estructurar proyectos de escala regional: distritos de riego modernos, corredores logísticos agroindustriales, clústeres de transformación de frutas tropicales, cadenas exportadoras de cacao o coco, e incluso sistemas regionales de innovación agrícola vinculados a universidades y centros de investigación. Los gremios agrícolas colombianos ofrecen ejemplos claros de lo que significa construir institucionalidad productiva. La Federación Nacional de Cafeteros, Fedepalma, Augura o Corpohass han demostrado que la articulación entre productores, investigación y mercado puede transformar sectores completos. Esa lógica de gobernanza productiva debe replicarse con mayor fuerza en las nuevas cadenas agroindustriales del Caribe. Pero nada de esto será posible sin liderazgo político. El nuevo Congreso tiene que entender que la agenda rural no es un tema sectorial: es una agenda de crecimiento económico, estabilidad territorial y seguridad alimentaria. Y dentro de esa agenda, el Caribe colombiano puede convertirse en una plataforma estratégica para la bioeconomía tropical, la exportación de alimentos y la generación de empleo rural digno. En los próximos años Colombia enfrentará desafíos complejos: cambio climático, presión sobre los sistemas alimentarios y una creciente competencia internacional en mercados agrícolas. En ese contexto, seguir actuando de manera fragmentada sería un error histórico. La integración regional no es un eslogan político; es una condición para competir en el siglo XXI. Por eso, más allá de las diferencias políticas o de los liderazgos individuales, el mensaje para el nuevo Congreso debería ser claro: menos egos regionales y más visión estratégica compartida. El Caribe colombiano tiene todo para convertirse en una potencia agroalimentaria. Lo que necesita ahora es algo más escaso que la tierra o el agua: coordinación política y visión de región. Si el Congreso logra entender esa oportunidad, el país habrá dado un paso decisivo. Si no, el potencial seguirá allí, esperando (como tantas veces) a que Colombia finalmente decida convertirlo en desarrollo.