Salario mínimo

Se discute por estos días entre empresarios y trabajadores, con el "arbitraje" del gobierno nacional, el "nuevo" salario mínimo que regirá en el país para el año 2026, que perciben dos millones y medio de personas de los 23 millones de trabajadores que tiene el mercado laboral, lo que no quiere decir que el resto de los empleados devengue por encima del salario mínimo, por cuanto más de la mitad de estos, el 55%, recibe menos de esa remuneración.

La historia es más compleja de lo que aparenta, empezando por decir que no todos los países tienen salario mínimo por decisión oficial o legal, sino que son trabajadores y empresarios quienes acuerdan los precios y, entre ellos, el del trabajo, lo que exige libre movilidad de recursos para que el precio de mercado esté cercano al de producción y se evite la especulación como causante de la inflación que afecta en extremo a los sectores de menores ingresos. El salario mínimo surge como una política de protección a estos sectores de menores ingresos, en una economía con muchas distorsiones y con bajos niveles de productividad que termina en una puja anual en una mesa de negociación en la que para 2026, los representantes de las centrales obreras piden un 17% de incremento del salario mínimo y el auxilio de transporte y los empresarios, el 7,21, diferencia de más del 100% que luce difícil de conciliar. En este juego entra el gobierno como árbitro y con el derecho de decidir; se ubica en un terreno medio, en donde todo parece indicar que se fijará por decreto del gobierno nacional y, como lo ha anunciado el presidente, que "aprovechará su última oportunidad" para decretar el salario mínimo en niveles superiores a como lo hacían otros gobiernos, como una manera de favorecer a los más pobres y para desmentir el cuento de que esos incrementos son perjudiciales para la economía. Si nos ubicamos en una posición media y ante los anuncios de voceros del gobierno y de las centrales obreras de que un incremento de dos dígitos es negociable, todo indica que hacia allá se va y, en consecuencia, a prepararse las empresas en Colombia, que son las MiPymes, responsables del 95% del empleo en el país, y las casas de familia para pagar los empleados del servicio, con los salarios también recibidos en menor proporción del mínimo y enfrentar las alzas en todos los servicios atados al incremento del mínimo. Queda claro entonces que la existencia del salario mínimo es reflejo de una economía pobre y atada a unos marcos regulatorios que impiden su desarrollo y estimulan el trabajo informal de más de la mitad de los trabajadores, que en general son por cuenta propia y con dependientes que aún reciben pagos a destajo, relegándose el incremento del salario mínimo a pura ilusión monetaria.