Reformas con sentido: Un imperativo social

Las reformas sociales deben ser graduales y enfocadas en la ciudadanía, no en ideologías. Priorizar empleo, justicia y seguridad es clave para un futuro próspero en Colombia.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin La transformación social de un país es un proceso de formación del capital social que fortalece la confianza individual y la participación colectiva, generando un cambio fundamental en la organización de la sociedad e implicando modificaciones en las estructuras sociales, instituciones, valores y normas. En este contexto, concibo las reformas como procedimientos para modificar, enmendar, actualizar o innovar algo. Considero, con profunda convicción, que las reformas a debatir no deben presentarse como un cambio radical y acelerado, sino como una transformación gradual de un sistema, estructura o institución, sin imponer posturas ideológicas incontrovertibles, para así moldear un futuro más equitativo y próspero, priorizando las necesidades de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables. Se requieren reformas que realmente beneficien a la ciudadanía, evitando generar incertidumbre y estrés en la población. El país necesita cambios que propicien escenarios de estabilidad económica y social, además de fomentar tranquilidad y brindar seguridad en las regiones. Estas transformaciones deben ser percibidas como oportunidades para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, asegurando que las políticas implementadas respondan realmente a sus necesidades y preocupaciones. Por ejemplo la reforma laboral debe enfocarse en la generación de empleo sostenible. No se trata solo de ajustar normativas; se trata de construir un marco que fomente la inversión y la formalización de empresas. Si la reforma no logra estos objetivos, podría aumentar el desempleo y limitar las oportunidades económicas de millones de colombianos. La reforma agraria también es esencial, no solo para incentivar la producción agrícola, sino para ofrecer asistencia técnica y capacitación a nuestros campesinos, quienes son fundamentales para la seguridad alimentaria y la competitividad del sector. Sin este apoyo, corremos el riesgo de perpetuar la desigualdad en el campo. En cuanto a la reforma a la justicia, es urgente revisar la efectividad del sistema actual. No podemos seguir permitiendo la impunidad y la lentitud que han permitido que delincuentes burlen la ley. Este estado de cosas es inaceptable y envía un mal mensaje a la sociedad. Es alarmante la posibilidad de premiar a delincuentes con reducciones de penas mediante negociaciones previas con la Fiscalía. Casos como el de Sofía en el Valle del Cauca evidencian la necesidad de cambios profundos en el sistema. No se puede permitir que las atrocidades queden impunes bajo la premisa de un sistema que parece más dispuesto a negociar que a castigar. La construcción de una paz duradera depende de un sistema de justicia robusto que garantice el respeto a la ley sin privilegios. La reforma a la justicia debe convertirse en un mecanismo efectivo, no en un refugio para los criminales, para asegurar la convivencia pacífica. Es por ello que considero que todas las reformas en discusión deben ser vistas con sentido social. Es hora de que nuestros legisladores escuchen el verdadero sentir de los ciudadanos y diseñen políticas que realmente transformen vidas, avanzando hacia un futuro donde la justicia y el empleo sean realidades tangibles para todos los colombianos.