Reforma fiscal: ¿improvisación a la vista?

El Congreso debate una nueva reforma tributaria, la Ley de Financiamiento, ante un presupuesto desfinanciado. Advertencias previas sobre proyecciones irreales ahora amenazan la estabilidad fiscal.

Por Saray Robayo Bechara Cuando el país pensaba que este gobierno ya había hecho su Reforma Tributaria para el cuatrienio, al igual que lo han venido haciendo otros gobiernos en las última décadas, hoy el Congreso se encuentra a la espera de debatir una nueva reforma ahora con el nombre de Ley de Financiamiento. De nada sirvieron las alertas que con insistencia hicimos en el Congreso de la necesidad de una planeación fiscal seria y responsable y hoy una vez más enfrentamos la realidad de un presupuesto desbalanceado, con un déficit inicial de $12 billones, y la posibilidad de que hasta $14 billones adicionales queden sin financiación, situación que nos obliga a hablar de una Ley que debe ser estudiada a las carreras prácticamente para corregir errores que se pudieron evitar. En 2023, desde el Congreso como representante miembro de la Comisión Tercera, advertí sobre la inviabilidad de los $20 billones desfinanciados en el presupuesto, pero el gobierno insistió en proyecciones irreales, como los $10 billones de arbitramiento tributario, que no se cumplieron. Hoy enfrentamos las consecuencias de un recorte histórico de $33 billones que afecta sectores clave, debilita la confianza económica y amenaza la estabilidad fiscal. Así y todo, el gobierno sigue coqueteando a la idea de adelantar la Regla Fiscal, lo que aumentaría el endeudamiento en un contexto en el que el recaudo está un 10% por debajo de las expectativas. En 2023, el crecimiento económico fue apenas del 0,6%. Ahora, en 2024, sufrimos las consecuencias de asfixiar la economía: más desempleo, menos inversión y el riesgo de caer en la peor calificación crediticia, según Fitch Ratings. Otro tema aún más controvertido es la llamada “regla fiscal verde”. Aunque reconozco los avances del gobierno en temas ambientales y los compromisos logrados en la COP16, permitir excepciones fiscales bajo esta premisa es un riesgo enorme. abrir la opción de tener créditos denominados como “verdes” no es otra cosa que hacer un boquete a la regla fiscal en el que puede entrar cualquier tema desde que se le dé el apellido “verde”. Con esto llevaríamos al país a un posible incumplimiento de los compromisos adquiridos, además estaríamos adquiriendo deuda con fondos más flexibles, pero generando mayores costos de financiamiento. Las finanzas públicas requieren responsabilidad, no etiquetas que permitan justificar gastos sin un sustento sólido. Finalmente, las propuestas relacionadas con el impuesto al carbono y las tarifas de energía son especialmente preocupantes. Incrementar estos impuestos podría encarecer productos esenciales y, en regiones como la Costa Caribe, donde la generación térmica es vital, esto afectaría directamente a los hogares más vulnerables, que hoy tienen que dejar de llevar la alimentación a la boca o pagar los servicios. Además, propuestas como eliminar el régimen SIMPLE perjudicarían la formalización de pequeñas empresas. Este régimen debe ajustarse, no desaparecer, ya que es clave para reducir cargas administrativas y fomentar la formalidad. Los impuestos al carbono y las tarifas de energía también son preocupantes. Aumentarlos encarecería productos esenciales, afectando directamente a los hogares más vulnerables, especialmente en la Costa Caribe, donde la generación térmica es vital. Las políticas fiscales requieren análisis profundo y visión de largo plazo. Una Ley de Financiamiento improvisada solo genera incertidumbre. Es momento de tomar decisiones responsables que no comprometan la confianza, la inversión ni el crecimiento del país.