Reforma de la educación superior

La descentralización colombiana transformó la educación. El gobierno anuncia una reforma a la educación superior el 20 de julio, buscando pertinencia y solución a problemas de desarrollo.

Por Fernando Negrete Montes La descentralización política y administrativa del Estado colombiano avanzó en los últimos treinta años más que en los cien años de la Constitución de 1886, iniciando con la elección popular de alcaldes y gobernadores, las juntas administradoras locales y leyes como la 60 de 1993 y 715 de 2001, que profundizaron el sistema de competencias y recursos en las entidades territoriales con el incremento de las transferencias que sumados a los recursos de regalías, pusieron en "manos" de los gobernantes locales cifras históricas para atender las demandas sociales. En el sector educación, la creación del sistema general de participaciones que destinó el 58% de sus ingresos a educación, permitió la asunción de las nóminas territoriales de docentes y administrativos financiados con rentas propias de departamentos y municipios, propiciando la superación de un problema de desfinanciación por más de veinte años, fomentando la normalidad académica para pasar a otros niveles educativos: calidad y pertinencia con resultados un poco desalentadores. Respecto de la educación superior y donde se presenta un mayor rezago en cobertura, los rectores a nivel nacional han insistido en la reforma de la ley 30 de 1992 con sesgo hacia lo financiero, argumentando que las apropiaciones presupuestales están atadas a la inflación y los costos crecen por encima de esta, problema que se agranda si aumenta la matrícula, pese a que el gobierno anterior incrementó en cinco billones de pesos la asignación presupuestal del sector. Frente a esto, el gobierno nacional actual anuncia la presentación hoy 20 de julio de un proyecto de reforma a la educación superior integral, que ha de ser la oportunidad para corregir de fondo el asunto de la educación superior en términos de que esto no solo es un tema financiero, sino de solución a los problemas del desarrollo. Las universidades no pueden seguir ofreciendo y "formando" profesionales en áreas con escasa o ninguna demanda laboral o personas sin iniciativa para transformar las relaciones productivas. En este sentido, es fundamental que la oferta educativa tenga unos vasos comunicantes con el entorno que involucren la universidad con el aparato productivo y generen rentas y oportunidad para docentes y estudiantes que diversifiquen el conocimiento y las fuentes de trabajo y financiación. Cada peso que llegue a la universidad y que se le quita a otro sector, debe salir multiplicado de esta. La universidad debe iniciar un proceso de apertura para integrarse a un mundo interconectado y diverso que clama por la libertad de pensamiento, para vivir en una sociedad de igualdad de derechos y oportunidades que valida la diferencia como el factor fundamental de los cambios y contra los que impiden estas reglas de convivencia.