¿Rebaja de penas?

El debate sobre la reducción de penas a agresores de menores revive la controversia en Colombia. La propuesta, que busca agilizar procesos, genera críticas por socavar la protección infantil.

Por Rafael Negrete Quintero El debate sobre la reducción de penas para delitos contra menores se ha reavivado, generando una preocupación que atraviesa el corazón de la sociedad colombiana en estos momentos: ¿cómo proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes cuando el sistema judicial parece cada vez más frágil y permisivo? Esta controversia surge a raíz del caso de Sofía Delgado, la menor de 12 años que fue víctima de un confeso violador y asesino. Aunque parezca increíble, el agresor había quedado en libertad previamente por vencimiento de términos en una investigación por abuso sexual contra otra menor. En medio de esta discusión, el Senado está evaluando una reforma a la justicia que, entre otras propuestas, sugiere la reducción de penas para los agresores de menores, con el objetivo de incentivar confesiones. Sí, así como lo leen, rebaja de penas. La Corte Suprema de Justicia apoya esta medida, argumentando que una reducción punitiva podría acelerar los procesos judiciales y asegurar que los responsables admitan sus crímenes, lo que llevaría a condenas más rápidas y, supuestamente, a una justicia más eficiente. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por actores como la Procuraduría, que rechaza la medida. Para esta institución, la rebaja de penas no solo envía un mensaje erróneo, sino que compromete gravemente la protección de los menores, debilitando el poder disuasivo que deben tener las sanciones frente a delitos tan graves. La discusión en medio de una nueva reforma a la justicia, tiene implicaciones profundas. ¿Debe el sistema judicial facilitar una confesión a cambio de una pena reducida cuando el crimen en cuestión es la violación o el asesinato de un menor? A mi juicio, esta propuesta no solo es peligrosa, sino que revela la incapacidad del sistema judicial para ofrecer soluciones efectivas. Es un reconocimiento implícito de nuestra ineficiencia para cumplir con las promesas de justicia. Ahora bien, si yo como delincuente sé que el sistema es incapaz de condenarme, ¿cuál es el incentivo que tendría para confesar? El argumento de quienes están en pro de la rebaja se cae de su propio peso. Reducir penas no es la solución cuando hablamos de crímenes atroces que comprometen la integridad y el bienestar de nuestros niños. Al contrario, una rebaja de este tipo pone en duda la seriedad con la que tratamos estos delitos. En lugar de buscar atajos procesales, debemos fortalecer las instituciones y garantizar que los responsables enfrenten el máximo rigor de la ley. Los casos como el de Sofía Delgado nos muestran que no hay margen para el error. Nuestro deber como sociedad es proteger a los menores y asegurarnos de que la justicia no se doblegue ante la presión de resolver casos a medias.