Quieren saltarse la ley

El hundimiento de la consulta popular en Colombia genera debate. Petro busca revivirla, arriesgando la independencia de poderes. La justicia decidirá sobre su validez.

La reciente decisión del Senado colombiano de hundir la consulta popular que promovía el Gobierno Nacional ha desatado reacciones y cuestionamientos, unos en favor y otros en contra. El presidente Gustavo Petro y su gabinete han iniciado una campaña en busca de revivir vía decreto y convocar la consulta, pese a que hay una nueva iniciativa radicada en el Congreso que está para debate. Esa postura del Ejecutivo deja en riesgo la independencia de poderes que establece la Constitución Política de Colombia, que si bien señala que ese es un mecanismo de participación ciudadana, la responsabilidad de determinar si se ha violado la ley en los procesos legislativos recae en los jueces de la República, no en el Presidente y su gabinete, quienes no pueden saltarse olímpicamente al Senado. Los miembros del gobierno de Petro pueden tener opiniones y hasta presionar en el plano político, pero no tienen la potestad de erigirse como jueces de un proceso que debe ser evaluado imparcialmente por órganos judiciales. Es esencial que los ciudadanos confíen en que la justicia será quien determine la validez de las decisiones tomadas en el Congreso, garantizando así el respeto a los mecanismos democráticos que rigen nuestra Nación. La reforma laboral parece ser un pretexto del Gobierno para lograr su objetivo principal, hacer la consulta popular.