¿Qué pasa con el proyecto Conexión Antioquia Bolívar?

La Concesión Conexión Antioquia Bolívar, más conocida como Ruta al Mar, vuelve a ser el centro de la noticia. Recientes informaciones confirman que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberá pagar la suma de $3.57 billones al concesionario, debido a incumplimientos contractuales por causas no atribuibles a este último. El fallo, emitido el pasado 30 de abril y notificado el primero de mayo de 2026, declara además la terminación anticipada del contrato.

Dentro de este monto, quisiera poner la lupa sobre dos componentes específicos que afectan directamente el interés público: primero, los $257.866 millones por perjuicios derivados del no aumento de tarifas en el peaje Carimagua; y segundo, los $1.240 millones por demoras en el reconocimiento y compensación del Decreto 050 de 2023. Es importante recordar los antecedentes. Antes de la firma del contrato, la Resolución 0982 del 16 de abril de 2015 establecía la necesidad de reubicar la estación de peaje Carimagua (del PR 26+300 de la vía Planeta Rica – La Ye al PR 46+000) para evitar afectaciones a las comunidades vecinas. Esta resolución también proyectaba un incremento tarifario para balancear la red y garantizar el tráfico necesario que viabilizara el proyecto. Según lo pactado, esto debía ocurrir 180 días después del inicio del contrato. Ante este panorama, surgen preguntas obligatorias: ¿Por qué se aceptó en la resolución el traslado de Carimagua si su existencia era previa al peaje Los Manguitos? ¿Por qué se permitió mover el peaje El Purgatorio del kilómetro 18 al 12? ¿Por qué no se cumplió con la obligación contractual de reubicar el peaje Carimagua, y reajustar las tarifas a tiempo? Estas son interrogantes que solo la ANI y el Estado colombiano, quien debería velar por nuestra defensa, pueden responder. Por otro lado, el impacto del Decreto 050 de 2023 representa un castigo doble para nosotros. Debido a este concepto y otras contingencias, los peajes de Ruta al Mar sufrieron un aumento adicional del 2% a partir del 16 de enero de 2026, incremento que se mantendrá hasta el año 2034. Esta carga financiera adicional, plasmada en la Resolución 20253040018105 del Ministerio de Transporte, responde a los valores generados por la congelación de tarifas de peajes en 2023, la no construcción del peaje La Caimanera y el diferencial tarifario aplicado. En la práctica, esto significa que el ciudadano termina pagando, con un aumento anual por encima del IPC, los errores de planificación y gestión del Estado. Los ciudadanos esperamos respuestas claras. Es imperativo conocer a fondo lo actuado en este proceso y que los responsables asuman las consecuencias de una gestión que hoy nos cuesta a los colombianos billones, y a los Cordobeses tener peajes con un valor del 2% superior a los otros peajes ANI a nivel nacional.