Proyecto constitucional abortista

El proyecto de ley que busca modificar el artículo sobre el derecho a la vida en Colombia, generando estupor en la comunidad provida, incluye la legalización del aborto. Sorprendentemente, la iniciativa proviene de senadores de derecha.

Por Ángel Torres Hernández Gran estupor en la comunidad provida ha generado la presentación del proyecto de Acto Legislativo No. 02 de 2023, en donde se pretende modificar el artículo 11 de la Constitución Política que contiene el derecho a la vida, la propuesta incluye la apertura de una “Buland Darwaza” para la implementación del aborto libre con rango constitucional. Resulta curioso que el propósito proviene del senador Josué Alirio Barrera del partido Centro Democrático y otros congresistas a quienes en su mayoría son señalados de enarbolar las banderas de la “derecha” en Colombia, más bien en este caso estarían izando los banderines verdes. La pretensión que presuntamente tiene como objeto establecer la protección y garantizar el derecho a la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural como derecho inviolable, yerra al incorporar los antecedentes judiciales que tienen a Colombia cumpliendo con la planeación abortista internacional de la agenda 2030. Un grupo que se supone de derecha y que está en contra de la interrupción del embarazo, hoy es quien lo promueve y como si fuera poco pretende incorporarlo a la constitución para que quede plasmado como el primer derecho fundamental de los miembros de esta nación. Todo lo anterior se constituye en un importante argumento para desmentir la categoría ideológica de quienes presentan el proyecto, quienes sin duda son socialdemócratas. En contexto, por vía jurisdiccional es mucha la ventaja que tienen los abortistas en Colombia, inicialmente fue despenalizada por riesgo de la madre, mal formaciones en el feto o por acceso carnal violento, luego, en ejercicio del derecho que tienen las mujeres a disponer de su cuerpo, se amplió abortar hasta las 24 semanas de gestación, norma que constituye en una verdadera licencia para matar. Sí el congreso pretende proteger el derecho a la vida, debería ejercer sus funciones y no dejar que la corte constitucional deba legislar, tampoco se trataría de adaptar la jurisprudencia vigente, sino de establecer como formador de leyes un criterio de carácter científico que permita la creación de normas constitucionales y legales acorde con el sujeto de derecho que se pretende proteger, más no invertir la ciencia con propósitos macabros, ideológicos y de imposición de organizaciones internacionales. Estamos invadidos de progresismo, muy lejos de salir del estatismo y de cambiar la socialdemocracia por una democracia liberal, donde prime el legado de John Locke y se respete el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada como instituciones de ley natural, porque el primero de ellos, el derecho a la vida, es irreparable. Oscuro panorama el de nuestra Constitución, porque inclusive quienes ideológicamente deben propender por la protección existencial y se hacen llamar de derecha, cargan un progre muy dentro de su espíritu.