Prohibido enfermarse

La reforma a la salud aprobada evidencia la "mermelada" en el Congreso. Priorizan contratos y poder sobre la vida de los colombianos, con consecuencias que podrían ser fatales.

Por Cristina Plazas Con la aprobación del proyecto de reforma a la salud en la Cámara de Representantes, quedó demostrado que en el Congreso prima la mermelada sobre la vida de los colombianos. Muchos pensaban que, al menos por conciencia, algunos congresistas se negarían a poner en riesgo la salud de millones de personas. Pero no, prefirieron asegurar contratos, puestos y poder, incluso sabiendo que esta reforma afectará a todos porque la enfermedad no distingue estratos ni ideologías. Tal vez ellos tengan los recursos para costear clínicas privadas, pero sus amigos, familiares y conocidos no necesariamente correrán con la misma suerte. Cuando los tratamientos se interrumpan, cuando los pacientes con enfermedades de alto costo no reciban sus medicamentos porque el sistema colapsó, cuando una simple autorización médica se convierta en un viacrucis y comiencen a multiplicarse los casos de personas que mueren por falta de atención, no vengan a llorar en los funerales. Como siempre, la estrategia del Gobierno ha sido engañar a la ciudadanía. En su libreto, afirmaron que antes de presentar la reforma se llevaron a cabo mesas públicas para concertar con los distintos actores del sistema de salud. Pero la realidad fue otra: esas mesas no fueron más que una farsa. Lo que realmente hicieron fue reunirse entre ellos mismos, sin voces críticas ni discusión real, con el único propósito de maquillar la reforma y hacerla parecer distinta, cuando en esencia es prácticamente la misma. Mientras tanto, siguen saliendo a la luz negociaciones oscuras, como la eliminación del artículo que garantizaba la meritocracia en la elección de gerentes de hospitales públicos. Con esta jugada, aseguran que los hospitales queden en manos de fichas políticas y no de profesionales con experiencia, dejando claro que la prioridad no es mejorar el sistema, sino controlarlo. El Gobierno ha insistido en que quería acabar con las EPS, pero lo que hizo fue todo lo contrario. Ahora serán “gestoras”, sin la responsabilidad de administrar el riesgo en salud, pero con recursos asegurados. Al final, las EPS terminaron beneficiadas: con menos carga y más plata. La reforma también convierte a la ADRES en un ente todopoderoso. Manejará el dinero, definirá tarifas, contratará y hasta hará inteligencia artificial. Tener todo el control en un solo actor es abrir la puerta al abuso y la corrupción. Además, el artículo 44, denunciado por el representante Cristian Avendaño, permite la adjudicación de contratos para infraestructura hospitalaria sin licitación. Con esto, la salud se convierte en una caja menor del gobierno para repartir contratos a dedo y construir elefantes blancos con dinero que debería destinarse a medicamentos, tratamientos y especialistas. Pero la reforma no solo busca controlar la salud, también es una jugada electoral. El Gobierno está asegurando el manejo de los recursos y la contratación en el sector salud como una herramienta de poder para el 2026.