Prevención de discurso, recorte de realidad

El Gobierno hizo de la prevención y la predictividad el discurso de su reforma al sistema de salud. Repite hasta el cansancio que el modelo curativo está agotado, que hay que anticiparse a la enfermedad y que la salud pública debe ser el centro del sistema. Sin embargo, cuando el discurso se contrasta con el presupuesto, el cuento se cae por su propio peso.

En un documento oficial, elaborado como respuesta a un requerimiento formal, el Ministerio de Salud admite una reducción crítica en la asignación presupuestal del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para la vigencia 2026. Los números son contundentes, en 2025 el PAI contó con aproximadamente $643.000 millones. Para 2026, el Ministerio solicitó $772.260 millones, reconociendo la necesidad de crecer ante rezagos acumulados y nuevas vacunas. Planeación Nacional aprobó apenas $190.200 millones. Es decir, menos del 30 % de lo asignado el año anterior y solo el 24 % de lo solicitado. No hay manera seria de conciliar esta decisión con un supuesto sistema preventivo y predictivo. La vacunación es, por definición, la herramienta preventiva más costo-efectiva del sistema de salud. No es retórica, es evidencia. Si el Gobierno realmente creyera en su propia carreta, el PAI sería un programa blindado, no uno sometido a improvisaciones y recortes de esta magnitud. La respuesta oficial intenta maquillar el golpe presupuestal apelando a la “progresividad” de la ley y al uso de compras anticipadas y saldos del Fondo Rotatorio de la OPS. Pero esto no es financiación nueva, ni expansión, ni fortalecimiento. Es contabilidad defensiva. Son mecanismos diseñados para evitar desabastecimientos, no para aumentar coberturas, ni mucho menos para sostener la incorporación de vacunas como Dengue o Virus Sincitial Respiratorio (VSR). Esta es la gran contradicción: no existen los sistemas preventivos sin gran inversión. No se predice ni se previene con saldos, ni con anticipos, ni con acomodos jurídicos. Se hace con recursos estables, crecientes y explícitos para talento humano, logística territorial, búsqueda activa y capacidad operativa en los municipios. Nada de eso aparece respaldado en la asignación aprobada para 2026. Hablar de predictividad mientras se reduce el presupuesto del principal programa preventivo del país es incoherente e irresponsable. La prevención no se decreta, se financia. Y cuando el presupuesto baja mientras las responsabilidades aumentan, lo que están haciendo es trasladar el riesgo al territorio y, en últimas, a los niños y demás población vulnerable. Decir que el programa “no colapsa” no es un logro. Admiten que la meta no es avanzar sino aguantar. Es la más burda regresividad. La salud pública no puede gestionarse con parapetos contables ni con consignas ideológicas. Un gobierno que dice apostar por la prevención y recorta el PAI es la mata de la contradicción. Y en vacunación, cada incoherencia en los recursos puede terminar traduciéndose en coberturas que no suben, brotes que regresan y oportunidades perdidas. Si esta es la apuesta presupuestal, el sistema no será preventivo ni predictivo. Será, como siempre, reactivo. Y eso lo pagará la población con enfermedades inmunoprevenibles.