Presupuestos Públicos al borde del Abismo… entre la Ley, la Costumbre y el Control Ciudadano

Cada año, entre los meses de octubre y noviembre los Municipios, Departamentos y Entidades Descentralizadas en Colombia se enfrentan al mismo ritual: la elaboración y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la siguiente vigencia. Sin embargo, lo que debería ser un ejercicio técnico, riguroso y legal muchas veces se convierte en una carrera contrarreloj, dominada por la improvisación y la interpretación conveniente del Gobierno de turno. El Presupuesto Público Territorial no es otrora un asunto discrecional, su naturaleza, contenido y procedimientos están claramente definidos en la Constitución, Leyes, Decretos, Resoluciones y otras disposiciones, que busca garantizar el equilibrio fiscal, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. La entrada de Colombia a la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico O.C.D.E. en el año 2020, trajo entre otros la modernización con estándares internacionales de la Contabilidad y el Presupuesto en el Estado Colombiano, obligando a las diferentes entidades nacionales a desarrollar herramientas modernas de ejecución, reporte y control de las mismas Sin embargo, la costumbre, ese hábito ilegal de hacer las cosas “como siempre se han hecho”, sigue siendo uno de los mayores enemigos del cumplimiento normativo en las Entidades Territoriales, pero hoy en día con la tecnología y plataformas de información, es más evidente el error y fácil su control. En la mayoría de Alcaldías y Gobernaciones, aún encontramos equipos de Planeación, Hacienda y Contratación conformados por funcionarios y asesores con amplia trayectoria, pero con una brecha preocupante en actualización normativa y tecnológica. Saben cómo se hacía antes, pero desconocen las actualizaciones normativas, y peor aún la gestión interna su aplicación en los sistemas de ejecución y reporte. Hoy el ciclo presupuestal no puede entenderse sin entender y manejar el siguiente lenguaje: SUIFP Territorial, el FUT, el CHIP, el SECOP, el SGR, el SIIF Nación y el Portal de Transparencia Económica, entre otros Sistemas de Reporte y Control. Estos instrumentos permiten hacer trazabilidad completa al gasto público, desde la programación, ejecución hasta su pago. Pero muchos Gobiernos Territoriales por desconocimiento o desinterés, no los integran de forma adecuada, generando inconsistencias que derivan en hallazgos, sanciones y actuaciones a lugar. La actualización técnica normativa dejó de ser opcional. En un contexto donde las plataformas nacionales interconectan la información de Planeación, Presupuesto y Contractual, la improvisación no solo es ineficiente, sino también sancionable. Durante décadas, el control del Gasto Público dependió casi exclusivamente de las Contralorías, Personerías y la Procuraduría. Hoy, el escenario cambió. Gracias a la política de Gobierno Abierto y a la masificación de los datos públicos, cualquier ciudadano puede acceder a la información contractual y financiera de su Entidad Territorial. Las veedurías ciudadanas y las plataformas digitales han transformado el concepto mismo de control fiscal: ya no se trata solo de vigilar después de ejecutar, sino de prevenir desde la trazabilidad en tiempo real. La ciudadanía tiene hoy las herramientas para seguir el dinero público, y eso implica un cambio profundo en la forma de gobernar. La transparencia dejó de ser un discurso para convertirse en una obligación técnica y política. La responsabilidad de los Gobiernos actuales y futuros está por encima de los intereses políticos, de las coyunturas y de las alianzas electorales. Un gobierno puede tener visión, liderazgo y compromiso, pero si no cumple con los fundamentos normativos y técnicos de la gestión pública, estará construyendo sin cimientos. Por eso, Alcaldes, Gobernadores y todo Ordenador de Gasto Territorial, debe entender que el éxito de su administración no dependerá solo de las promesas, sino de la capacidad de conformar equipos actualizados, competentes y alineados con la legalidad presupuestal y fiscal. La inversión en capacitación, actualización normativa y fortalecimiento institucional no es un gasto: es la base de la buena gobernanza. El desconocimiento o la interpretación indebida de esas disposiciones no exime de responsabilidad. Cuando un Gobierno Territorial se aparta de la norma, no solo incurre en irregularidades administrativas, sino que se expone a acciones disciplinarias, fiscales y penales. El futuro de la Gestión Pública Territorial en Colombia dependerá de una premisa simple pero poderosa: la legalidad no se interpreta, se aplica. Los equipos de Gobierno deben abandonar la costumbre, evitar el abismo de la improvisación y asumir con rigor el mandato que la Ley les impone. Al final, administrar un Presupuesto Público no es un acto de poder, es un acto de responsabilidad. Y esa, quizá, es la deuda más grande que aún tienen muchos Gobiernos Territoriales con el país.