Presunta trampa en encuestas

Contratos millonarios al CNC y la credibilidad de Atlas Intel en Colombia. Las encuestas de opinión han adquirido relevancia en el debate político rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.

Sin embargo, no todas las mediciones generan la misma confianza. Un punto de controversia es el Centro Nacional de Consultoría (CNC), una firma citada en medios que también ha recibido contratos del Gobierno nacional, lo que alimenta dudas sobre su independencia. El abogado y exconcejal bogotano Daniel Briceño ha denunciado que el CNC ha recibido más de catorce mil millones de pesos en contratos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, incluidos más de dos mil millones directamente desde la Presidencia. Entre ellos destaca el Contrato No. 717-23, firmado en diciembre de 2023 por 372 950 760 pesos para mediciones de percepción presidencial, posteriormente ampliado. Otros contratos elevaron el monto total asociado a encuestas y consultorías. Esta relación económica entre una encuestadora y el Gobierno, cuyos resultados debe medir, puede generar percepción de sesgo o conflicto de interés, especialmente cuando los resultados del CNC difieren de los obtenidos por otras firmas independientes. En contraste, la firma internacional Atlas Intel ha construido reputación por la precisión de sus predicciones electorales. Rankings y análisis de procesos en países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile la han destacado entre las encuestadoras más confiables. Una encuesta de Atlas Intel publicada en enero de 2026 para la revista Semana mostró al abogado y aspirante Abelardo de la Espriella como el candidato con mayor intención de voto individual 28 %, seguido por el senador Iván Cepeda 26,5 %, con una muestra de 4.520 encuestados y un nivel de confianza del 95 %. El estudio también señala que De la Espriella supera a Cepeda en un eventual balotaje. Estas diferencias evidencian que las encuestas dependen de la metodología, la muestra y la independencia de quien las produce. Por ello, la ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia metodológica y claridad sobre los financiamientos detrás de cada estudio. Al final, las encuestas deben servir para informar y no para moldear narrativas políticas. El verdadero ganador será el voto libre y consciente de los ciudadanos colombianos.