¿Peligra la propiedad privada en Colombia?

La propiedad privada en Colombia enfrenta desafíos por reformas que amenazan su garantía constitucional. Redistribución de tierras y catastro multipropósito generan preocupación en varios sectores.

Por Félix Manzur Jattin La propiedad privada, un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, enfrenta actualmente desafíos significativos en Colombia. Estos retos surgen a partir de algunas propuestas de reforma que, bajo el argumento de promover justicia social, amenazan con erosionar los derechos de propiedad, generando incertidumbre en distintos sectores económicos y sociales. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 58, protege de manera explícita el derecho a la propiedad privada. Este artículo establece que "se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores". Además, señala que en caso de expropiación por motivos de utilidad pública o interés social, el afectado debe recibir una compensación previa e integral. Sin embargo, a pesar de esta garantía constitucional, las recientes propuestas de reformas en materia de tierras y catastros han generado preocupación entre los propietarios de inmuebles, empresarios, agricultores, y el sector financiero, pues podrían implicar una afectación grave a estos derechos. Una de las reformas que ha generado mayor controversia es la reforma agraria. El proyecto busca una redistribución de tierras en favor de los sectores campesinos, sin embargo, los mecanismos que se plantean, como la expropiación rápida de terrenos bajo la justificación de su falta de productividad o uso adecuado, genera preocupación. No son los jueces sino la Agencia Nacional de Tierras la que definiría el concepto de propiedad. Muchos temen que estas reformas puedan ser utilizadas para vulnerar la propiedad privada en detrimento de aquellos propietarios que, por distintas razones, no han podido hacer un uso óptimo de sus terrenos. Además, esta reforma plantea un sistema de precios que podría no reflejar el valor real de las tierras afectadas, lo que podría implicar una compensación inadecuada para los propietarios expropiados. Otra iniciativa que despierta inquietudes es la implementación del catastro multipropósito, una herramienta que busca actualizar la información catastral en el país y equiparar el avalúo de los bienes al valor comercial de los mismos. Esta medida, aunque en teoría busca justicia tributaria, podría tener un impacto devastador en los contribuyentes, particularmente en las zonas rurales.