¿Paz o riesgo sobre el acuerdo de Doha?

La paz no es una opción secundaria: es una obligación histórica. En un país como Colombia, marcado por desigualdad, violencia territorial y ciclos repetidos de conflicto, avanzar hacia la paz es una responsabilidad colectiva. Aunque los procesos anteriores han dejado frustraciones y retrocesos, no podemos permitir que los errores del pasado se conviertan en excusa para renunciar a la posibilidad de transformarnos. Defender la paz es, ante todo, defender la vida y el futuro nacional.

El viernes 5 de diciembre, el Gobierno Nacional anunció un acuerdo con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) para establecer una Zona Temporal de Ubicación (ZUT), ampliar áreas de desescalamiento y continuar dentro del marco de la política de Paz Total. Esta decisión se inscribe en la Ley 2272 de 2022, que diferencia entre diálogo político exclusivo para insurgencias y sometimiento dirigido a estructuras criminales como los AGC. La norma permite medidas de ubicación territorial siempre que no impliquen beneficios penales automáticos y cuenten con verificación internacional. Más allá de su complejidad, esta medida debe entenderse como un paso necesario para reducir los niveles de violencia que hoy padecen miles de colombianos. Negar la posibilidad de un desescalamiento controlado sería cerrar la puerta a la única estrategia comprobada para disminuir hostilidades: el diálogo con verificación y monitoreo. Sin embargo, el acuerdo exige rigor. El Gobierno tiene facultades para pactar mecanismos transitorios, pero no puede suspender órdenes de captura ni interferir con la función constitucional de la Fiscalía y de la Fuerza Pública. La paz no puede construirse debilitando el Estado de Derecho, sino fortaleciéndolo. La separación de poderes es una garantía, no un obstáculo. Las críticas que comparan este proceso con experiencias fallidas deben analizarse con seriedad, pero también con perspectiva. El Caguán o la desmovilización parcial de las AUC no fracasaron por intentar la paz, sino por la ausencia de verificación internacional sólida, la falta de control estatal en los territorios y la inexistencia de mecanismos reales de supervisión. El error no fue dialogar: el error fue dialogar sin controles. Hoy, la lección es clara: una ZUT solo puede funcionar si cuenta con tres elementos indispensables: ​• Verificación internacional constante y técnicamente robusta. ​• ​Presencia efectiva del Estado en todos los niveles. ​• ​Un proceso transparente orientado al sometimiento real, no a interpretaciones políticas distorsionadas.  Criticar sin proponer es fácil. Pero construir paz exige asumir riesgos calculados y hacerlo con reglas claras. Colombia no puede seguir atrapada en un ciclo donde cada intento de desescalamiento es atacado antes de ser evaluado. El país necesita soluciones, no temores paralizantes.  A la pregunta planteada, la única respuesta razonable en el contexto histórico nacional y del ser humano: La paz es un camino difícil, pero es el único camino. Este acuerdo puede ser un hito o un tropiezo, pero renunciar a él sería la peor decisión.