Otro aumento en silencio y hambre

A parte de la cascada de alzas que se nos vinieron a raíz del aumento del salario mínimo, con las festividades de fin de año ha pasado de agache, inadvertido, una noticia relacionada con el alza en las tarifas de energía para contribuir al pago de la deuda de AIR-E.

En efecto, el Gobierno Nacional planteo a finales del año pasado un ajuste en las tarifas de energía para usuarios residenciales y empresas con el fin de cubrir parte de la deuda acumulada de AIR-E, empresa que presta el servicio en unos de los departamentos de la Región Caribe y que está intervenida desde el año 2024. La propuesta quedó consignada en un borrador de resolución publicadas por el Ministerio de Minas y Energía, en el que se advierte que la situación financiera de la compañía representa un riesgo para la estabilidad del mercado eléctrico colombiano sino se adoptan medidas regulatorias urgentes. De acuerdo con el documento, el ajuste se aplicaría a la demanda del Sistema Interconectado Nacional y tendría un impacto estimado de alrededor de 1.200 pesos mensuales en la factura de los usuarios residenciales, mientras que para las grandes empresas el efecto podría llegar hasta 40 millones de pesos al mes, dependiendo de su nivel de consumo. El objetivo es contribuir al pago de una deuda que haciende a 2.5 billones de pesos. El Ministerio de Minas y Energía, metiendo algo de terrorismo señala que sin esta medida la empresa se vuelve intrínsecamente vulnerable a la insolvencia, lo que podría afectar no solo la continuidad del servicio en el Caribe, sino también la operación de generadores y trasmisores en todo el país. El borrador de dicha resolución plantea que la medida será transitoria, pero recordemos que en este país todo lo transitorio se vuelve permanente y más con este gobierno que ha destruido no solo el sector de la salud, sino también el energético y el petrolero, lo que quiere decir un impuesto más en forma velada. En buena hora se ha dado la “rebelión de los departamentos” como una forma de contrarrestar el daño que le causaría el decreto de emergencia económica a los entes territoriales en materia fiscal y para inversiones en salud, deporte y educación. Confiamos en la sensatez y el buen estudio de la Corte Constitucional respecto a ese decreto.