Cargando indicadores...
Córdoba Logo
Imagen del artículo
Opinión

Ningún gobierno es adalid de la moral

Rafael Yesid Salas
Rafael Yesid Salas
Columnista
21 de junio de 2024

El pensamiento de Stuart Mill sobre el poder político y la tendencia al abuso resuena. Los radicalismos políticos, en lugar del interés general, promueven vicios gubernamentales y errores.

Por Rafael Yesid Salas Hace un tiempo leí algo muy interesante de Stuart Mill, citado por Brennan & Buchanan (1980) que reza: “El verdadero principio de un gobierno constitucional exige que se presuma que se abusará del poder político para alcanzar los objetivos particulares de quien lo detenta, no porque siempre sea así, sino porque esa es la tendencia natural de las cosas (…)”. Debo admitir que concuerdo totalmente. Ningún gobierno debe presumirse adalid de la moral ni dueño de la verdad absoluta. De hecho, nadie puede lograrlo puesto que es científicamente imposible. Ello significaría haber alcanzado la perfección del ser y el hacer, lo cual, sigue por fuera del alcance del ser humano más avanzado. A lo sumo, alguien puede sostener que transita en el camino hacia la perfección, progresando con la superación de cada error, hasta donde el término de su existencia se lo permita. Sin embargo, dicho recorrido se asemeja al límite de una función racional asintótica, es decir, siempre se acercará, pero nunca tocará su objetivo. Partiendo de tales axiomas, se deduce que quienes caen en el radicalismo político de defender ciegamente las actuaciones de un líder de gobierno, tenderán al error. Por lógica, de las anteriores premisas podemos inferir que los radicalismos políticos son perniciosos e incentivan vicios en los actos de gobierno, en detrimento del interés general. Sin embargo, esta lógica tiene un punto débil. Partimos del supuesto de que los gobiernos se fundan en la prevalencia del interés general. Al menos, en Colombia, eso es lo que consagra el artículo primero de la Constitución. Pero la evidencia histórica demuestra que realmente lo que ha prevalecido es el interés particular de los integrantes del gabinete, los partidos de gobierno y sus financiadores. Es entonces cuando se presenta una excepción a nuestra conclusión lógica. Resulta que como esos grupos de interés maximizan sus beneficios con las actuaciones gubernamentales, las defenderán radicalmente, por más viciadas que estén. Eso es totalmente comprensible desde una perspectiva económica, sobre todo para quienes perciben la administración pública como un negocio. Aunque no comulgo con ellos, comprendo que quienes participan de la mermelada de un gobierno granuja, defiendan a capa y espada sus actuaciones administrativas e iniciativas legislativas. Lo que no entiendo es cómo un montón de borregos con título profesional, que no hacen parte de la mermelada, apoyen con extremismo a dichos gobiernos. Eso se escapa de toda lógica y raya en la insensatez.