Narrativas de inequidad: ¿Es la medicina prepagada un enemigo del sistema?

El reciente incremento del 23% en la adopción de seguros voluntarios de salud (léase medicina prepagada y/o planes de atención complementaria) en Colombia, a pesar de que solo el 8 % de la población los utilizaba previamente, constituye un indicador preocupante del deterioro funcional del sistema de salud. Este fenómeno no puede ser interpretado como una simple preferencia del consumidor, sino como una respuesta adaptativa de quienes pueden resolver con sus recursos la creciente ineficiencia institucional y las barreras estructurales de acceso.

Desde una perspectiva médica y ética, resulta inquietante que el gobierno, a través del director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), haya optado instaurar la narrativa de problematizar los seguros voluntarios en lugar de reconocer las fallas sistemáticas que los han hecho necesarios para algunas personas. La narrativa oficial que los presenta como generadores de "externalidades negativas" carece de sustento técnico robusto y parece más una estrategia discursiva y populista que una evaluación rigurosa. El "análisis" divulgado por Adres, según el cual los beneficiarios de seguros voluntarios reciben un 20.7% más en Unidades de Pago por Capitación (UPC), tiene serias limitaciones metodológicas. No ajusta por variables de riesgo clínico, ignora las disparidades regionales y omite establecer relaciones causales. Este tipo de simplificación técnica puede inducir a conclusiones erróneas y vulnerar principios constitucionales como la legalidad, la autonomía del paciente y la complementariedad entre lo público y lo privado. La creciente demanda de seguros voluntarios ha estimulado la aparición de modelos más accesibles, aunque limitados, que operan al margen del sistema general. Esta dinámica, lejos de ser una amenaza, ha contribuido a sostener parte de la infraestructura asistencial en un contexto de desfinanciamiento crónico. Sin embargo, la intención gubernamental de restringir también estos mecanismos alternativos sugiere una política orientada al control total y centralizado de los servicios de salud, más que a su fortalecimiento. Según Fedesarrollo, cerca de 10 millones de colombianos enfrentan una carga desproporcionada en términos de gasto de bolsillo y acceso a servicios, y el gobierno, en lugar de abordar esta inequidad mediante reformas estructurales serias y de consenso, ha optado por desacreditar estas soluciones emergentes que ofrecen cierto alivio. Desde el ejercicio médico, preocupa que esta estrategia pueda derivar en la precarización de la práctica clínica, el desprestigio y demonización de la medicina privada y la inhibición de la innovación. Si el "debate ético" fuera genuino, debería comenzar por reconocer que muchos de quienes critican los seguros voluntarios también los utilizan. En este contexto, dichos seguros no representan una amenaza, sino una válvula de escape ante el colapso inducido del sistema público. Lo demás es puro cuento.