Nadando en coca

Las hectáreas de coca en Colombia siguen en aumento, con un incremento del 13% en 2024. Factores como políticas gubernamentales y mercados internacionales influyen en esta crisis.

Por Carlos Vargas Rodríguez La historia del país en las últimas cuatro décadas ha estado íntimamente ligada a la coca, un lastre del que aún no hemos logrado desprendernos. Las cifras recientes sobre el número de hectáreas sembradas con hoja de coca continúan sorprendiendo. De 204.000 hectáreas en 2021, pasamos a 230.000 en 2024, lo que supone un aumento del 13 %, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). Este incremento responde a una tendencia iniciada en 2015, durante las negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y las Farc, y a factores incontrolables durante el mandato de Duque, como la pandemia de Covid-19, que limitó la erradicación de cultivos. Con la llegada de Gustavo Petro y su nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico, la situación empeoró. Petro priorizó la vigilancia marítima y las incautaciones, dejando de lado medidas tradicionales como la erradicación manual, la aspersión aérea y la destrucción de infraestructura rural utilizada para el procesamiento de la coca. Aunque la sustitución de cultivos fue incluida en su plan, esta política aún no ha arrancado debido a las dificultades de orden público. En este contexto, ha surgido un fenómeno inesperado: el precio de la hoja de coca ha caído drásticamente. Actualmente, una arroba de hoja de coca cuesta apenas veinte mil pesos. A mi parecer, esto se debe a varios factores: Primero, las políticas aperturistas de Petro desregularon la siembra de coca, lo que provocó una sobreoferta. Además, las disputas entre grupos armados ilegales en las zonas productoras han generado caos en el control y la comercialización de la coca. A esto se suma la falta de un liderazgo fuerte que imponga "orden y disciplina", como en su momento lo hacían las Farc. Este descontrol ha llevado a los compradores a buscar mercados más estables en países como Perú, Ecuador y Bolivia, reduciendo los riesgos de adquirir el producto en Colombia. También hay que tener en cuenta la crisis política en Venezuela, que afecta la cadena de transporte y producción, dado que ese país sigue representando una "zona gris" en el negocio. Otro factor clave es la tendencia del consumidor final, que ahora prefiere drogas sintéticas, como el fentanilo, en lugar de cocaína. Además, los carteles mexicanos, que han sido grandes compradores de la coca colombiana, han comenzado a cultivar su propia coca, lo que los hace cada vez más autosuficientes. A pesar de este sombrío panorama, el gobierno tiene una oportunidad para implementar de forma efectiva la estrategia de sustitución de cultivos en los departamentos más afectados por la coca. No se trata solo de reducir las hectáreas sembradas con este cultivo ilícito, sino de ofrecer alternativas viables y sostenibles que permitan a los campesinos mejorar su calidad de vida. Es esencial que se les brinde apoyo técnico y económico para diversificar sus actividades hacia cultivos legales y rentables o hacia productos agrícolas con potencial de exportación. Con un enfoque integral y sostenido, esta crisis podría convertirse en una oportunidad para el desarrollo rural del país.