Menos corrupción, límite a la nómina

A reducir el tamaño del Estado, pero también a llevar la corrupción, no a sus justas proporciones, a nivel 0. Castigar a la gente que trabaja porque es holgazana no es cierto en todos los casos. Fue el Estado el inventor de esa mezquina forma de contratar personal, condenando a unos a no tener empleo estable y permitiendo costosas asesorías a amigos de funcionarios. Estos últimos personajes no siempre representan beneficio para las entidades que les pagan.

Es menester incluir también al legislativo en la lista de adelgazamiento. Allí, en el recinto de la democracia, la contratación es apadrinada por senadores y representantes que exigen se les nombre a seguidores y allegados. Quienes toman las decisiones y aprueban la contratación saben que la politiquería hace de las suyas con la robusta nómina del Estado; la alimentan y la engordan. Y lo paradójico es que muchos de esos a los que llaman zánganos trabajan más que sus empleadores y tienen mayor respetabilidad que los padres de la patria. Para controlar el desmadre, vale recordarle al presidente electo que en Colombia caen a los bolsillos de los corruptos entre 50 y 80 billones anuales. Si promediamos en 50 billones al año lo que se roban -para el Código Penal: hurtar- y lo multiplicamos por 20 años, estamos hablando, entonces, de 1.000 billones de pesos, lo que iguala o supera con creces el presupuesto nacional de tres años. Cincuenta billones anuales equivalen a una buena tajada del presupuesto de la nación. Por donde se mire, es una vergüenza, una aberración, un descaro, que los colombianos estamos llamados a exigir que pare. Inventarnos, crearnos, imaginarnos mecanismos que obliguen a los imprecisamente llamados entes de control a ejercer sus funciones con honradez y decencia, con rigor y con ética. Eso de entregarle las llaves a quien no vigila, de premiar la incompetencia del manejo de los recursos públicos a quienes no les duele, no permitirá que salgamos jamás de esta postración. Proteger a los corruptos, sacarlos del país para que no recaiga sobre ellos el peso de la ley, ofrecerles garantías por colaboración con la justicia es, en plata blanca, partir la tula con la autoridad. De un billonario surgen tres millonarios: el que admite el arreglo, el que lleva el caso y el autor del delito. Conociéndonos, no sería tan fácil precisar acuerdos si no hubiera plata de por medio. En los procesos nacidos de grandes escándalos, las penas han sido bajas si se comparan montos y daños ocasionados por cada uno. Son delitos que causan no solo detrimento patrimonial. Ocasionan daño moral, impunidad y mal ejemplo a las presentes y futuras generaciones. En todos los órdenes, y por estrepitosos casos conocidos, el delito paga y esa no puede ser la norma que cobije la función pública. De nuevo, insistirle al presidente electo que se dé la pela combatiendo la corrupción o sus ejecutorias se reducirán a la mitad de la mitad, de la mitad, de la mitad…