Menores al volante: Una responsabilidad que no podemos ignorar

Dar las llaves a menores es un riesgo. Padres permisivos y autoridades laxas exponen a niños a accidentes. La ley exige responsabilidad civil y penal.

Por Glenda K. Fuentes Dar las llaves de un vehículo a un menor es una decisión que exige reflexión, no porque todos los menores sean irresponsables, sino porque conducir un automotor es una actividad de alto riesgo. Es un acto que implica mucho más que saber manejar. Requiere madurez emocional, capacidad de reacción ante imprevistos y un profundo respeto por la vida propia y ajena. Es común ver a menores conduciendo carros, motocicletas y cuatrimotos en nuestras calles como si fueran pistas de carreras. Este problema no surge de la nada: es el resultado de la permisividad de los padres y la falta de acción de las autoridades. La Ley 769 de 2002, que regula el tránsito en Colombia, prohíbe expresamente que se conduzca sin licencia, sin cumplir con los requisitos legales, en exceso de velocidad, etc. Sin embargo, estas disposiciones son frecuentemente ignoradas, con consecuencias devastadoras. La responsabilidad de los padres es clave en esta problemática. Según el Código Civil (artículo 2347 y ss.), los padres son responsables civilmente por los actos de sus hijos menores, máxime cuando se trata del ejercicio de actividades peligrosas como la conducción de vehículos automotores. Al permitirlo, los padres asumen los riesgos inherentes a estas actividades, y dicha autorización no los exime de responsabilidad, incluso si el menor cuenta con una licencia de tránsito. Esto significa que, si un menor causa un accidente, serán los padres quienes deban responder por los daños materiales, morales y emocionales ocasionados. Más allá de esta responsabilidad legal, existe una obligación ética: proteger a los hijos y evitar exponerlos a riesgos innecesarios. El impacto de estas decisiones no se limita a las implicaciones civiles. Aunque los menores son inimputables, enfrentan consecuencias penales cuando sus actos tienen resultados graves. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, regulado por la Ley 1098 de 2006, establece consecuencias que van desde programas pedagógicos hasta la privación de libertad. Sin embargo, ninguna sanción legal puede reparar el daño irreparable que un accidente puede causar a las víctimas y sus familias. Las normas de tránsito no son simples reglas, son herramientas diseñadas para protegernos a todos: peatones, ciclistas, conductores y cualquier persona que comparta las vías. Sin embargo, la ausencia de acción y sanciones efectivas por parte de las autoridades permite que las calles se conviertan en espacios de riesgo permanente. La inacción envía un mensaje claro: que la imprudencia es tolerada, incluso cuando pone en peligro vidas. La vida es demasiado valiosa como para dejarla en manos de la imprudencia o la permisividad. Es momento de asumir responsabilidades, desde el hogar hasta las autoridades, para garantizar que nuestras calles sean espacios seguros para todos. "Conducir no es un juego ni un derecho automático; es un acto de responsabilidad que debe proteger la vida, no ponerla en riesgo".