Marchitando el futuro

Las malas decisiones fiscales del Gobierno colombiano ahogan la economía, impactando inversión y empleo. Las políticas impositivas y la incertidumbre jurídica frenan el desarrollo del país.

Por Saray Robayo Bechara Las malas decisiones fiscales están apagando el motor de la economía, y en lugar de despejarse, el panorama se vuelve cada vez más incierto. Las políticas del Gobierno no solo se han quedado cortas, sino que han generado desconfianza en los sectores productivos, afectando la inversión, el empleo y el desarrollo del país. En 2022, advertimos desde el Congreso que los cambios tributarios tendrían consecuencias graves. Sin embargo, el Gobierno decidió imponer una carga impositiva excesiva sobre el sector de hidrocarburos y la minería, con sobretasas a la renta entre el 5% y el 15% para el petróleo y entre el 5% y el 10% para la minería. Hoy, los efectos de esas decisiones son innegables: la inversión en el sector petrolero se ha desplomado en más del 70 % en los últimos dos años y medio, frenando nuevos proyectos y generando una preocupante parálisis económica. A esto se suma la incertidumbre jurídica. La falta de reglas claras y la hostilidad hacia el sector extractivo han hecho que muchas empresas reconsideren su permanencia en el país. Sin estabilidad normativa ni incentivos, no pueden comprometerse con proyectos a largo plazo, poniendo en riesgo el futuro energético y económico de Colombia. Hemos insistido en que la transición energética es necesaria, pero no puede improvisarse. Lamentablemente, el Gobierno la ha promovido sin una hoja de ruta clara ni condiciones adecuadas. Mientras los proyectos de energía eólica siguen sin despegar, apenas se ha avanzado con parques solares, muchos de ellos continuidad de gobiernos anteriores. Esta falta de planificación ha dejado al país en una situación crítica, con problemas de autoabastecimiento de petróleo y gas, mayor dependencia de importaciones y un aumento en los precios de la energía. El impacto de estas decisiones va más allá de las cifras macroeconómicas. Con el nuevo impuesto del 1% a la producción de petróleo y carbón, se sigue castigando a una industria que no solo genera ingresos para el país, sino que también proporciona empleos de calidad. El 78% de la mano de obra del sector de hidrocarburos es local, lo que significa que cuando esta industria se debilita, las regiones productoras son las más afectadas. Además, el sector de hidrocarburos no funciona como otros mercados. Sus contratos son a mediano y largo plazo, con vigencias de hasta 10 años, por lo que las decisiones de hoy afectan la producción y el empleo en la próxima década. Entre noviembre de 2022 y octubre de 2024, se cerraron 52 taladros en el país, dejando sin trabajo a 28,600 personas. Esto no solo golpea el empleo, sino que también incrementa la pobreza y la inseguridad alimentaria en muchas comunidades. A pesar de este panorama, el Gobierno ha intentado presentar el crecimiento del PIB del 1,7% como un logro, cuando en realidad este aumento se debe a factores externos y no a una mayor capacidad productiva del país. Mientras otros países adoptan estrategias para incentivar la inversión y el empleo, en Colombia seguimos viendo políticas erráticas que generan incertidumbre y frenan el crecimiento. El desafío para los años que faltan de este gobierno es claro: Colombia necesita reactivarse y salir del letargo que está frenando su desarrollo. Para ello, es fundamental tener una mejor planificación, con escenarios claros, y dejar de generar sectarismo y satanizar a los sectores económicos. La certidumbre es clave para crecer. El Gobierno no puede seguir improvisando con la economía. No podemos darnos el lujo de perder nuestra capacidad productiva en sectores estratégicos mientras seguimos dependiendo de importaciones costosas. Es urgente revisar la política fiscal y regulatoria para evitar que Colombia siga marchitando su futuro. No se trata solo de hidrocarburos y minería; se trata del empleo, la seguridad energética y la estabilidad económica de millones de colombianos.