Los retos económicos del gobierno en 2025 estarán bajo la lupa de los colombianos

El gobierno Petro enfrenta desafíos económicos en 2025: debe corregir el rumbo, asegurar la sostenibilidad fiscal y cumplir promesas. Déficit, caída de ingresos y mala ejecución amenazan el futuro.

Por Saray Robayo Bechara El año 2025 comenzará con un desafío ineludible para el Gobierno Petro, en el que deberá demostrar su capacidad para corregir el rumbo económico, garantizar la sostenibilidad fiscal y cumplir las promesas hechas a las regiones. La caída del proyecto de presupuesto y el fracaso de la Ley de Financiamiento han dejado al país en una posición crítica. Con un déficit inicial de $12 billones y una desfinanciación estimada de $23 billones según el Carf. Un panorama demanda decisiones firmes y responsables. El problema radica en gran parte en los ingresos proyectados. El gobierno espera que la Dian recaude $28.6 billones adicionales en 2025, pero en 2024, el recaudo estuvo por debajo de las expectativas, con una caída del 13.6% hasta noviembre. Además, los ingresos por renta de personas naturales disminuyeron un 18%, desafiando las proyecciones de la reforma tributaria de 2022. Esto demuestra que un crecimiento económico limitado—cercano al 2% en 2024—no será suficiente para sostener las finanzas públicas. Otro desafío importante será la implementación del proyecto de Ley sobre la distribución del Sistema General de Participaciones (SGP). Aunque es un avance hacia la descentralización, la falta de claridad sobre las competencias asignadas a los gobiernos locales y el cumplimiento de la regla fiscal generan incertidumbre. Además, la limitada capacidad de ejecución de las regiones pone en riesgo los programas sociales, proyectos de infraestructura y transferencias para los más vulnerables. El aumento de la burocracia, que ha llevado a un incremento del 30% en los gastos de nómina, también es preocupante. En lugar de optimizar recursos y fortalecer los programas sociales, el Gobierno ha priorizado decisiones que aumentan los costos del Estado, sin garantizar beneficios concretos para los ciudadanos. Un ejemplo claro es el desmonte del programa "Mi Casa Ya," que dejó a más de 40,000 familias sin acceso a subsidios para vivienda. Mientras tanto, las regiones enfrentan parálisis en proyectos fundamentales. La falta de inversión en infraestructura, educación y equidad social limita el desarrollo, mientras el gobierno insiste en aumentar las cargas tributarias, afectando a los sectores productivos y profundizando la desaceleración económica. El decreto del presupuesto, recientemente expedido, no ofrece soluciones claras. Con $511 billones para 2025, el Gobierno tiene los recursos para cumplir con sus promesas, pero la mala planeación y la ejecución deficiente, que en 2024 estuvo por debajo del 80%, son señales preocupantes. Es vital que el Gobierno abandone tanta improvisación y adopte medidas reales, sostenibles y responsables. Esto implica pasar del discurso político a la acción económica, con diálogo y una verdadera planeación fiscal. De lo contrario, no solo se perderá el rumbo económico del país, sino también la esperanza de un futuro con oportunidades y bienestar para todos. El 2025 será un año de ajustes necesarios y decisiones trascendentales. Es el momento para que el Gobierno priorice la confianza, la sostenibilidad y la eficiencia, demostrando que está comprometido con el bienestar de los colombianos y con el fortalecimiento de las instituciones.