Los pájaros disparan a las escopetas

Grupos armados ilegales en Colombia desafían al Estado al emitir comunicados, dictando reglas a la población. El gobierno retrocede mientras los violentos avanzan, debilitando la autoridad y sembrando temor.

Por Silverio José Herrera Caraballo Colombia vive una paradoja de seguridad que raya en lo absurdo: los grupos armados ilegales no solo controlan territorios, sino que ahora se dan el lujo de emitir comunicados públicos advirtiendo a la población civil sobre cómo deben comportarse cerca de la Fuerza Pública. Como si fueran autoridad legítima, las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias 'Calarcá', le dijeron al país, sin sonrojarse, que los civiles deben mantenerse alejados de estaciones de Policía, cuarteles y convoyes militares. ¿Qué tipo de democracia tolera que el victimario dicte las reglas del conflicto? Este comunicado, publicado el 17 de abril, no solo es una afrenta al Estado, sino una fotografía precisa del estado actual del conflicto armado en Colombia. La organización criminal que se hace llamar Estado Mayor Central de Bloques y Frentes, lejos de actuar clandestinamente, publica proclamas y da "recomendaciones" en plena luz del día, como si ostentara un poder institucional. Y lo más grave: el Gobierno Nacional, en lugar de responder con firmeza y autoridad, emitió horas después un decreto que suspende operaciones ofensivas contra sus estructuras hasta el 18 de mayo. Es decir, el Estado colombiano escucha, actúa y retrocede, mientras los ilegales avanzan. La retórica oficial continúa aferrada a la ilusión de la "paz total", aunque los hechos en terreno dicen lo contrario. El cese al fuego bilateral con estas disidencias no fue renovado por el gobierno, en teoría por los múltiples incumplimientos, ataques y asesinatos cometidos por sus miembros. Pero en la práctica, la política sigue siendo de brazos cruzados, con evaluaciones políticas, comités y mecanismos de comunicación que, en nada, protegen a la población civil. En regiones como el Cauca, Arauca, Nariño, Putumayo y el sur del Meta, los grupos armados siguen imponiendo su ley. En el norte del Cauca, por ejemplo, comunidades enteras han sido desplazadas por enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias. En algunos casos, la población ha tenido que resguardarse en colegios o templos, mientras las autoridades locales imploran ayuda al Gobierno Central que, desde Bogotá, responde con discursos y no con acciones. Pero lo más alarmante es el mensaje que se transmite a la opinión pública: en Colombia, quienes deben cuidarse de los violentos no son los criminales, sino los ciudadanos. Es el pueblo quien debe evitar pasar cerca de una estación de Policía. Es el campesino quien no debe hablar con un patrullero. Es el comerciante quien debe pensarlo dos veces antes de denunciar una extorsión. Y todo esto ocurre mientras el Estado se mantiene en una tregua unilateral, y los bandidos continúan acumulando poder territorial, político y económico. Esta situación solo tiene una explicación: el debilitamiento sistemático de la autoridad. El Gobierno de Gustavo Petro ha dado pasos peligrosos hacia la normalización de la ilegalidad. La insistencia en dialogar con grupos que no han mostrado una sola señal creíble de voluntad de paz ha permitido que estos se fortalezcan. Se han levantado órdenes de captura, se han reconocido como "gestores de paz" a cabecillas con prontuarios criminales, y se ha dejado en la indefensión a la Fuerza Pública, que sigue enfrentando el conflicto con restricciones operativas y sin respaldo político. Colombia no puede seguir aceptando este escenario donde los pájaros disparan a las escopetas. Donde los criminales dictan comunicados como si fueran ministros. Donde se les permite advertir a la población sobre sus zonas de control, como si tuvieran jurisdicción legal. Este no es un problema de izquierda o de derecha: es un problema de autoridad, de soberanía, de dignidad estatal. No se puede negociar la paz mientras los violentos siguen matando, extorsionando, desplazando y sembrando miedo. Queda claro que el fin del cese al fuego no fue más que un movimiento táctico, no una decisión estratégica de firmeza. Y mientras se aplazan las operaciones ofensivas, se siguen perdiendo vidas. La paz no se construye cediendo el país pedazo a pedazo, ni entregando legitimidad a quienes lo han desangrado. Colombia merece un gobierno que proteja a su gente, no uno que agache la cabeza ante los criminales. Porque cuando el Estado guarda silencio ante las amenazas de los ilegales, no solo pierde el control del territorio: pierde el respeto de su propia ciudadanía. Estaba cerrando esta columna cuando los grupos narcoterroristas anunciaban más atentados terroristas en diferentes partes del país. Sucre y Sincelejo no son ajenos a la situación, ya que presuntamente anunciaron un plan pistola que tiene en alerta a la fuerza pública. Este es el país donde vivimos.