Ley de competencias

Con el acto legislativo 03 de 2024, se modifica por cuarta vez el artículos 356 y por tercera el 357 de la Constitución Nacional que establecen las transferencias de los ingresos corrientes de la nación hacia las entidades territoriales, cambiando el antiguo Situado Fiscal por el Sistema General de Participaciones, SGP, creado por el acto legislativo 01 de 2001, que a su vez había modificado el acto legislativo 01 de 1993, que ubicó el porcentaje de las transferencias en el 46.5% y que después de las reformas, llegó al 27% de hoy.

El tema de las transferencias es de vital importancia para las entidades territoriales, porque constituyen la mayor fuente de recursos públicos para la inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de los municipios de 4, 5 y 6 categorías, los pequeños, de donde el clamor general era que, ante la caída del porcentaje de las participaciones, se volviera a los niveles iniciales de la ley 60 de 1993, estimados en 350 billones en los últimos 20 años “dejados de girar”. Ahora, con la modificación del porcentaje de las transferencias del acto legislativo 03 de 2024 del 27% al 39.5% entre los años 2027 y 2039, transición de doce años, se pasaría de 103.8 billones en 2027 a 218.7 billones en 2039, cuya sumatoria adicional de 142.7 billones, llegaría a las entidades territoriales para los gastos en educación, salud, agua potable y saneamiento básico y propósito general, que suman 96% del SGP y un 4% para alimentación escolar, resguardos indígenas, municipios ribereños del río Magdalena y Fondo de Pensiones Territoriales, FONPET. Sin embargo, como dicen los economistas “ningún almuerzo sale gratis”, se prepara por parte del gobierno nacional, proyecto de ley de competencias para transferir también a las entidades territoriales, competencias que se desprenden de la nación y nuevas responsabilidades en camino de cerrar las brechas existentes entre las diferentes regiones del país, en los citados frentes del gasto público actuales y en cierta medida, dejando de lado el interés parlamentario de destinar el incremento de los recursos a otros destinos como la infraestructura vial en sus diferentes niveles. Por ahora, se dan los últimos retoques al proyecto de ley de competencias del nuevo Sistema General de Participaciones, SGP, para someterlo al “escrutinio” y aprobación del Congreso de la República, mientras las entidades territoriales deben prepararse para organizar sus sistemas de administración para sacarle el máximo provecho a las nuevas rentas, que deben ir en la dirección de maximizar el beneficio social, porque nuestra suerte en términos de desarrollo depende de lo que hagamos con lo que tenemos a la mano y no repetir la historia de lo que ha pasado con las regalías, otrora dilapidadas y que siguen en caída libre hacia su mínima expresión, por la caída del sector generador, la minería.