La tal paz total
La llamada paz total fue una política de paz diseñada e implementada por el actual gobierno y que ha sido un fracaso total. Esta ley modificó el orden público y permitía al gobierno negociar con grupos armados y criminales mediante diferentes estrategias y herramientas legales.
Los grupos armados organizados, o sea aquellos que, bajo el liderazgo de un mando responsable, ejercen suficiente control sobre una parte de un territorio para llevar a cabo operaciones militares sostenidas y coordinadas, tienen derecho a establecer un diálogo formal de paz o una negociación política con el fin de firmar un acuerdo de paz. Los grupos criminales, o estructuras criminales de alto impacto, es decir, aquellos grupos violentos involucrados en economías ilícitas y que ejercen violencia criminal sobre una población, podían establecer una "conversación social jurídica" para acordar su sometimiento a la justicia. Esto significa que el alcance de los aspectos a discutir durante el proceso es más limitado que el de los grupos armados organizados. De acuerdo con la llamada Ley de paz total, los grupos integrados por miembros de las ex Farc no podían ser considerados grupos armados organizados, pero le hicieron el quiebre a la ley estableciendo negociaciones políticas con "grupos disidentes de las Farc". De acuerdo con esa ley se conformaba un equipo interdisciplinario que debía categorizar a los grupos ilegales en organizaciones criminales o grupos armados organizados y así determinar la ruta de enfrentamientos, pero dicha instancia o equipo no cumplió sus funciones y dichas categorizaciones las hizo a dedo y a discrecionalidad el Alto Comisionado Para la Paz incluyendo negociaciones políticas con facciones de las disidencias de las Farc por lo que la paz total ha sido un rotundo fracaso. Ahora, este gobierno, que está rodeado de secuaces piensa presentar al Congreso, en la legislatura que se inició, un proyecto de ley que modificaría la tal Ley de justicia y paz total, ampliando los beneficios judiciales a jefes criminales y narcotraficantes, incluyendo a todos los que montó en el "tarimazo" en la ciudad de Medellín, que fue una bofetada y una afrenta para las víctimas. Esa iniciativa, que está liderada por el Rasputín de Palacio, busca allanar el camino para que esos criminales puedan reducir sus penas y que paguen máximo entre cinco y ocho años en unas granjas agrícolas. Confiemos en que el Congreso, por lo menos en el Senado, no pase ese adefesio y que se pare firme como lo hizo Efraín Cepeda Sarabia.