La SIC activista

La independencia electoral en riesgo. La Registraduría Nacional enfrenta ataques que socavan su autonomía, previo a las elecciones presidenciales de 2026. ¿Hay injerencia política?

Por Bibiana Cabarcas La columna vertebral de una democracia son unas elecciones libres y sin fraudes, sin dejar la mínima duda de que el ganador es el elegido de los ciudadanos y no el producto de triquiñuelas y arreglos por debajo de la mesa. Aquí en Córdoba llamamos chocorazo a este tipo de actos de corrupción. Faltando menos de un año y medio para las elecciones presidenciales del 2026, existe la preocupación de ataques que está recibiendo la Registraduría Nacional, tratando de socavar su independencia, a esta entidad que es la que debe garantizar que las elecciones sean limpias y sin dudas. La SIC, superintendencia de Industria y Comercio, en cabeza de la activista petrista Cielo Rusinque, en un acto por demás temerario y que está por fuera de sus funciones, les imputó cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional, supuestamente porque no le dieron toda la información solicitada en un procedimiento de inspección. Por actos como este, la Procuraduría está investigando a funcionarios de la Superintendencia, debido a la extralimitación de funciones, por lo que, estarían impedidos para iniciar dicho procedimiento e imputaciones a la Registraduría. En un hecho inédito, la SIC, entró a investigar en la Registraduría la contratación que, por más de treinta años, ha tenido esa entidad con la firma Thomas Greg & Sons, solicitando todos los procesos contractuales, actas, pagos; y también las hojas de vida de los funcionarios que estuvieron al frente del proceso. Pero lo más inverosímil y extralimitado, fue que la SIC, quería acceder a los correos de los funcionarios de la registraduría, llevarse sus celulares privados o ver la información del censo electoral, información muy sensible, que los funcionarios se negaron a entregar sin el acompañamiento de la Procuraduría. Una vez la Procuraduría hizo presencia en la entidad, evidenció irregularidades en el procedimiento de la SIC, abriendo investigación contra sus funcionarios. En contraprestación, la SIC, les anuncia a los funcionarios de la Registraduría que les abre un proceso en el que los pueden sancionar hasta con dos mil millones de pesos. Según la Constitución Nacional vigente, la Registraduría es un órgano autónomo e independiente, por lo que un órgano del gobierno como la SIC, no la puede investigar ya que estaría rompiendo estructuralmente al estado legítimamente constituido. Esta intervención a la Registraduría, por parte del gobierno, debería encender las alarmas no solo de las entidades de control y vigilancia del estado, sino también de toda la ciudadanía, ya que se interpreta como la irrupción indebida del presidente a una entidad autónoma, que debe garantizar la integridad del proceso electoral del 2026.