La seguridad en Colombia no existe

En Colombia, hablar hoy de seguridad es un ejercicio de ficción. No existe. Se evaporó entre comunicados tibios, órdenes contradictorias y un gobierno incapaz de ejercer la autoridad que la Constitución le confiere. El país vive una regresión peligrosa, una vuelta a los peores años de violencia, pero esta vez con un agravante: el Estado observa, duda y retrocede.

Los ataques recientes del ELN lo confirman. Oleoductos dinamitados, pueblos sitiados, vías nacionales tomadas, carros incendiados, amenazas colectivas y asesinatos selectivos de policías y soldados. El crimen volvió a imponer su ley en vastas regiones del territorio. Hoy portar un uniforme en Colombia es casi una sentencia de muerte, mientras los violentos actúan con la tranquilidad que les otorga la impunidad. La Fuerza Pública está maniatada. Policías y militares operan con miedo jurídico, sin respaldo político claro, sometidos a una narrativa oficial que los señala como problema y no como solución. La Fuerza Aérea, antes disuasiva y estratégica, es hoy inservible frente a la expansión de grupos armados que se mueven libremente por selvas, montañas y carreteras. El control del espacio aéreo y territorial se ha debilitado, y con él, la soberanía. El caos no es solo rural. Las ciudades viven bajo la dictadura del atraco diario. Robos a mano armada, sicariato, extorsión y microtráfico se normalizaron. El ciudadano sale de su casa con miedo y regresa con alivio si no fue víctima. Las autoridades locales, sin herramientas ni respaldo, administran la inseguridad en lugar de combatirla. El campo colombiano, abandonado, es hoy botín de guerrillas, disidencias y bandas criminales. Productores extorsionados, vías cerradas, alimentos represados y comunidades sometidas al terror. Las llamadas “tomas guerrilleras” regresaron sin pudor, como si el Estado hubiera renunciado a su deber esencial: proteger a sus ciudadanos. Todo esto ocurre bajo un gobierno sin fortaleza, sin dirección clara y sin voluntad real de enfrentar el delito. Se negocia con criminales mientras se desprotege al ciudadano honesto. Se confunde paz con rendición, diálogo con permisividad, y derechos humanos con inacción. Colombia no necesita más excusas ni diagnósticos ideológicos. Necesita autoridad legítima, decisión política y respaldo total a sus Fuerzas Armadas. Porque cuando el Estado abdica de la seguridad, lo que llega no es la paz: es la ley del miedo. Y hoy, tristemente, esa es la ley que impera en Colombia.