La responsabilidad de representar a los cordobeses

Córdoba atraviesa un momento decisivo para su futuro, en el que el trabajo que hoy adelantan el Gobierno Departamental y los gobiernos municipales necesita un respaldo firme, estratégico y comprometido que honre la palabra “representar” ya que cada cordobés depositará su credibilidad y confianza para que su voz y sus necesidades más sentidas puedan ser escuchadas en el Congreso de la República. Es por esto que los representantes no pueden ser espectadores distantes a la realidad de nuestra gente; deben ser unos aliados activos de los territorios, una voz que convierta las necesidades de los cordobeses en leyes, recursos y decisiones que transformen la vida cotidiana de las familias en cada rincón de nuestra región.

Nuestro departamento ha sido históricamente una de las regiones con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad en Colombia. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la incidencia de pobreza monetaria en Córdoba llegó a superar el 50% en 2023, situándose entre los cinco departamentos con mayor proporción de población en esta condición. Esto nos muestra una hoja de ruta y una enorme responsabilidad a los futuros congresistas en quienes los cordobeses depositen su voto de confianza, ya que estos desafíos no solo implican gestionar recursos sino también crear marcos legales que impulsen la inversión social de manera sostenible y eficaz. Después de recorrer el departamento desde los distintos escenarios donde Dios y mis oportunidades laborales me han permitido, después de escuchar a diversos sectores y a los ciudadanos, veo necesario impulsar desde el congreso el desarrollo rural integral y el empleo digno a través de la creación de subsidios a la formalización empresarial, incentivos fiscales enfocados en los emprendimientos rurales y fortalecer el acceso a los mercados locales eliminando la intermediación que tanto golpea a nuestros productores campesinos. Así mismo es de vital importancia la creación de un fondo especial para la infraestructura educativa y centros de atención primaria en salud, robusteciendo el sistema general de participación aumentando recursos en los municipios con más altos índices de pobreza. Y porque no pensar en una ley de equidad territorial para la inversión social, esto con el fin de asegurar que un porcentaje del presupuesto nacional se asigne a departamentos con pobreza multidimensional superior al promedio nacional. Nuestro departamento avanza gracias al compromiso del gobierno departamental y de los mandatarios municipales, ahora imaginemos por un momento alinear la agenda de los representantes a impulsar los planes de desarrollo que muchas veces se quedan cortos por falta de recursos y de apoyo del gobierno central, los congresistas juegan un papel fundamental en el fortalecimiento y desarrollo departamental y esta claro que las inversiones no son suficientes si no van acompañadas de reformas estructurales que impulsen empleo digno, educación de calidad, salud accesible y seguridad alimentaria para todos. Desde el Congreso, nuestro deber será legislar con visión estratégica, no solo para gestionar recursos, sino para transformar vidas.