La puñalada fiscal

El endeudamiento que desnuda la incoherencia del poder.

El gobierno de Gustavo Petro ha construido su relato sobre la supuesta lucha contra el capital financiero. Sin embargo, en la práctica, tomó una decisión que favorece a la banca y castiga al país: endeudó a Colombia con 23 billones de pesos a tasas cercanas al 13,5%, cuando la banca multilateral presta entre el 5% y el 7%. No es una diferencia menor: es una brecha que costará billones adicionales pagados por los ciudadanos. Esta operación no fue inevitable. Fue una elección política, avalada por el Ministerio de Hacienda, que optó por la deuda más cara en lugar de buscar condiciones más favorables para el Estado. En cualquier manual básico de finanzas públicas, esta decisión sería cuestionada. En un gobierno que se autoproclama defensor del pueblo, resulta francamente contradictoria. El argumento de la “herencia recibida” ya no alcanza. Todos los gobiernos reciben deudas; lo que los diferencia es cómo las administran. Refinanciar deuda a tasas elevadas no es responsabilidad fiscal: es trasladar el problema al futuro, encarecido y agravado. Cada punto porcentual adicional de interés significa menos hospitales, menos escuelas y menos inversión productiva. Más preocupante aún es el silencio oficial frente a las preguntas legítimas. ¿Por qué no se acudió con mayor énfasis a la banca multilateral? ¿Por qué se privilegió una colocación interna costosa? ¿Quiénes ganaron con esta operación? La deuda pública no puede manejarse entre sombras ni blindarse con retórica ideológica. La Contraloría ha encendido las alarmas, pero el daño está en curso. Esta “puñalada fiscal” no mata de inmediato, pero desangra lentamente las finanzas del país. Y como casi siempre ocurre, los responsables políticos no pagarán la factura. La pagará la nación, durante años.