La paz: un mandato de perseverancia frente a la adversidad

En medio del ruido político, las crisis recurrentes y las decepciones que suelen acompañar los titulares diarios, hablar de optimismo frente a un proceso de paz puede parecer, para muchos, un acto de ingenuidad. Sin embargo, quienes nos enfrentamos a diario a los expedientes judiciales, a las víctimas que claman reparación y a la compleja realidad de los aparatos organizados de poder, sabemos que el optimismo no es una ilusión romántica: es una necesidad táctica y moral. El panorama, es cierto, no invita al entusiasmo. El último Índice de Paz Global registra más conflictos activos que en cualquier momento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese dato no nos autoriza a rendirnos; nos obliga a insistir. La construcción de la paz nunca ha sido un camino lineal. Es un terreno pantanoso, lleno de contradicciones y retrocesos. Cada vez que se intenta silenciar los fusiles y someter a los actores del conflicto al imperio de la ley, surgen voces que exigen la perfección inmediata. Se nos olvida que los procesos de transición no tratan de borrar la historia con una firma, sino de gestionar el dolor, aplicar los estándares del Derecho Internacional Humanitario y desarticular ciclos de violencia que llevan décadas enquistados en nuestra sociedad. El debate público, además, parece condenado a repetir siempre el mismo reparto. De un lado, la intransigencia de quienes erigen sus posiciones en dogmas inamovibles y confunden la firmeza de carácter con la simple negativa a ceder. Del otro, la desmesura de quienes, para obstruir o deslegitimar cualquier avance, recurren a la exageración, al señalamiento infundado y al escándalo. Y, en medio de ambos extremos, la mayoría silenciosa que entierra a sus muertos y todavía espera justicia, condenada a ser espectadora de una disputa que no la representa. Frente a las adversidades —ya sean incumplimientos, críticas despiadadas o el natural escepticismo de una sociedad fracturada— la respuesta más fácil siempre será el cinismo. Rendirse ante la narrativa de que “nada va a cambiar” no requiere esfuerzo alguno. Lo verdaderamente complejo, lo que exige carácter y grandeza estatal, es mantener el pulso firme en la búsqueda de la reconciliación. Este optimismo que defiendo no es ciego. Está anclado en la realidad de los tribunales y en la firme convicción de que el derecho debe ser un instrumento para transformar la sociedad, no solo para castigarla. Cuando entendemos las lógicas del conflicto y la forma en que operan los aparatos organizados de poder, comprendemos que desarmar la guerra toma tiempo. Implica un esfuerzo monumental por garantizar justicia, verdad y no repetición, sin perder de vista que el objetivo supremo es salvar vidas. Y no se trata de una espera ingenua. Irlanda del Norte necesitó tres décadas y varios acuerdos fallidos antes de alcanzar la paz que hoy sostiene; cada intento frustrado fue cimiento del siguiente. La historia enseña que estos procesos no se ganan en un solo acto, sino en la terca acumulación de esfuerzos, la mayoría de los cuales fracasa antes de que uno prospere. Históricamente, a quienes ejercen la defensa, a quienes litigan y a quienes buscan salidas negociadas se les ha estigmatizado bajo la falsa premisa de ser tolerantes con la impunidad. Nada más alejado de la realidad. Precisamente porque conocemos el peso de la ley y las fallas del sistema, entendemos que un acuerdo imperfecto que logre arrebatarle jóvenes a la guerra siempre será superior a una guerra perfecta que solo llene los cementerios y los juzgados. Y lo escribo en una hora singular para Colombia. El país ha confiado la primera magistratura a un abogado, el presidente electo Abelardo de la Espriella, un hombre forjado en los rigores del derecho penal y conocedor como pocos de las luces y las sombras de nuestra justicia. Desde esa misma orilla —la de quienes conocemos por dentro las grietas del sistema— me permito dirigirle una esperanza respetuosa: que la firmeza con la que se ha comprometido a gobernar nunca se confunda con la renuncia a la reconciliación. La autoridad del Estado y la búsqueda de la paz no son fuerzas enfrentadas, sino las dos manos de un mismo deber. Un gobernante puede ser inflexible frente al delito y, al mismo tiempo, mantener abierta la puerta por la que un muchacho armado todavía puede volver a la vida civil. Cerrar esa puerta cuesta vidas; preservarla, las salva. Afrontar los procesos de paz con esperanza es un acto de resistencia frente a la barbarie. Requiere que dejemos de ver cada obstáculo como el fracaso definitivo del proceso y comencemos a entenderlo como un reto institucional que tenemos el deber de resolver. El país no puede darse el lujo de la desesperanza. Tenemos el deber ético y jurídico de rodear los esfuerzos de paz, exigiendo rigor y justicia, por supuesto, pero sin perder jamás la fe en que una sociedad distinta es posible. Porque si algo nos ha enseñado la crudeza del conflicto, es que la paz no se encuentra al final del camino; la paz es el camino, y hay que recorrerlo con la frente en alto.