La palabra del Estado

En su segunda alocución como presidente electo, el próximo jefe de Estado redujo su política de seguridad a una sola frase: a los violentos, «un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla». Días antes, al recibir su credencial, había fijado el plazo —un mes— y la advertencia de que no habrá ofertas generosas. Pues bien: la respuesta de la organización armada ilegal más grande del país reposa por escrito desde junio:

«Estamos listos, señor presidente». Entre ese ofrecimiento único y esa aceptación escrita se juega una de las decisiones de seguridad más importantes del cuatrienio que comienza. Porque el 7 de agosto Colombia no solo cambiará de gobierno: entrará en una prueba de madurez institucional que pocos países en transición armada han superado, la de demostrar que un proceso puede sobrevivir al relevo de quienes lo impulsaron. Esa prueba no es retórica. Es concreta, verificable y, sobre todo, ineludible. El proceso que acompaño como apoderado del Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) llega a ese umbral con un andamiaje que no depende de la voluntad de un solo gobierno: la Declaración de Doha del 18 de septiembre de 2025 y los Compromisos de Doha del 5 de diciembre de 2025, alcanzados con la mediación de Qatar —país anfitrión—, España, Noruega y Suiza; la constatación que el Comité Internacional de la Cruz Roja mantiene desde al menos 2018, bajo los criterios objetivos del derecho internacional humanitario, de que aquella organización es parte en un conflicto armado no internacional; y la verificación de los compromisos encomendada por las propias partes a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), con mandato renovado hasta 2027. No son gestos simbólicos: son anclajes institucionales. Por eso, tras la reunión de balance celebrada en junio con los países mediadores, ambas delegaciones —la del Gobierno saliente y la del EGC— ratificaron su voluntad de continuar y de preparar el empalme con la nueva administración. La primera razón para continuar es jurídica, y es la más sólida. La paz, en Colombia, no es programa de gobierno: es mandato constitucional. El artículo 22 la define como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, sin distinguir el color de quien ocupe la Casa de Nariño. La ley que ha hecho operativa esa obligación, la Ley 418 de 1997, fue sancionada por Samper y prorrogada, cada uno a su manera, por Pastrana, Uribe, Santos y Duque, antes de la reforma del gobierno actual. Y la herramienta de verificación de este proceso tiene ese mismo ADN: la MAPP/OEA nació en 2004 para acompañar la desmovilización de las extintas autodefensas unidas de Colombia-AUC y ha servido, desde entonces, a gobiernos de todos los signos. Cuando presidentes tan distintos coinciden durante casi tres décadas en conservar los mismos instrumentos, eso tiene un nombre preciso: política de Estado. Los gobiernos son inquilinos de esa arquitectura; no sus dueños. La segunda razón es fáctica: el conflicto no caduca el 7 de agosto. La calificación del CICR no es un favor político ni un estatus concedido por decreto; es una constatación técnica, sostenida a lo largo de tres gobiernos distintos, sobre hechos que existen con mesa o sin ella. La escala del fenómeno es conocida —más de diez mil integrantes y presencia en unos trescientos municipios de diecisiete departamentos, según varias organizaciones sociales— y dos décadas de esfuerzo militar sostenido no lo han desmontado. El Gobierno entrante heredará esa realidad de todos modos; lo único que está en sus manos es escoger los instrumentos para enfrentarla. Y heredará también efectos que ya operan en el territorio. En quince municipios del Urabá, el Darién chocoano, el sur de Córdoba, el Bajo Cauca y los Montes de María se instalaron mesas de trabajo comunitario con compromisos concretos: no reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; cese de violencias contra la población civil; respeto al proceso electoral; facilitación del desminado humanitario. Existen tres Zonas de Ubicación Temporal acordadas para la reubicación gradual de combatientes, con listados, protocolos y verificación de terceros. Estos hechos no dependen de la simpatía o la antipatía que el nuevo presidente sienta hacia el proceso: son realidades verificables. Por eso mismo, exigir el abandono de las armas en plazos perentorios no contradice la mesa; la mesa es, hoy, el único mecanismo existente capaz de hacer exigible —y comprobable— ese abandono. Firmeza y verificación no son antónimos: la segunda es la prueba de la primera. La tercera razón es estratégica. Qatar, España, Noruega y Suiza prestaron sus buenos oficios sobre una premisa elemental: tratan con el Estado colombiano, no con una administración de paso. Romper tendría un costo bajo en el corto plazo y muy alto en el mediano: erosión de credibilidad internacional, debilitamiento de mecanismos de verificación que ya existen y retorno a la confrontación en zonas donde se habían abierto espacios de contención. Si la palabra del Estado caducara cada cuatro años, además, toda negociación futura —con cualquier actor, bajo cualquier gobierno— se encarecería, porque nadie paga concesiones serias por promesas con fecha de vencimiento. La alternativa exige inteligencia estratégica: asumir el proceso como un activo del Estado, no como el pasivo político de otro. Hay incluso una puerta abierta que el nuevo Gobierno haría bien en mirar sin prejuicio: está formulada por escrito la invitación a que los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido se vinculen al proceso, junto a los mediadores actuales. Continuar no significa ejecutar el libreto ajeno: significa reescribirlo con sus propios aliados sentados a la mesa. Los mediadores no esperan adhesión ideológica; esperan coherencia institucional. Conozco las objeciones, porque son serias. La primera: que este es el proyecto de un gobierno que termina, golpeado por revelaciones y decisiones recientes que hoy ocupan el debate público. Respondo con una distinción elemental para cualquier abogado: una cosa es el instrumento del Estado y otra la gestión de los funcionarios de turno. Los errores de estos se investigan y se sancionan; los compromisos de aquel se auditan. El equipo de empalme ya anunció auditorías sobre toda la gestión saliente; propongo que incluyan este expediente y que lo hagan ante los cuatro países mediadores y los organismos acompañantes, estableciendo documento por documento quién cumplió cada uno de los catorce compromisos de Doha, qué actos administrativos se suscribieron y qué protocolos se incumplieron. Un gobierno que —legítimamente— desconfía encontrará aquí la mesa más auditada de que dispone el Estado colombiano. La verdad documentada es su mejor aliada. La segunda objeción: que dialogar con aquella organización equivale a premiar el crimen. La alocución del domingo la respondió mejor de lo que podría hacerlo yo. Si el único ofrecimiento es el sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla, el presidente electo describió, sin proponérselo, el destino exacto de este proceso: sujeción a la justicia del Estado, bajo reglas que fijan el Congreso y los jueces, con límites que ninguna mesa puede mover —los crímenes de lesa humanidad no prescriben y los derechos de las víctimas no son moneda de cambio—. Y la ley actual es, precisamente, la ley del Estado: la misma continuidad normativa de casi tres décadas. Anunció también la reactivación de las órdenes de captura vigentes. Es su prerrogativa, y nada en este expediente exige lo contrario: toda suspensión fue siempre condicional, temporal e instrumental, atada a desplazamientos verificados y revocable ante el incumplimiento, como acaba de comprobarse. Un beneficio revocable no es una dádiva: es derecho bajo condición. Otras estructuras ya comenzaron a responder al llamado presidencial. Ninguna respuesta llega, sin embargo, con lo que esta trae consigo: diez meses de arquitectura jurídica, cuatro Estados mediadores y la verificación de una misión de la OEA. La pregunta, entonces, no es si el nuevo Gobierno «continúa» un proceso ajeno. Es si decide convertirlo en un proceso del Estado. Esa distinción separa a los gobiernos que administran conflictos de aquellos que los resuelven, y la historia reciente de Colombia está llena de procesos que se rompieron precisamente porque se les permitió quedar atados a una administración. El 7 de agosto llegarán al despacho presidencial muchos expedientes urgentes; este llega con compromisos escritos y fechados, mediación de cuatro Estados, verificación de una misión de la OEA, archivos a disposición del empalme y la manifestación escrita —previa incluso al ofrecimiento único— de que aquella parte está lista. Evaluarlo con rigor es un derecho del nuevo Gobierno; auditarlo, una necesidad; endurecer sus condiciones, una prerrogativa. Colombia ha tenido demasiados procesos de paz que dependieron de la suerte electoral; esta vez existe la posibilidad, frágil pero real, de que uno dependa de la responsabilidad del Estado. Los gobiernos pasan cada cuatro años. La palabra del Estado, si ha de valer algo, se queda.