La legitimidad del poder

En Sincelejo, la legitimidad del poder se cuestiona. La corrupción, los conflictos de interés y las triquiñuelas jurídicas amenazan la democracia y el bienestar ciudadano, con elecciones cruciales en el horizonte.

Por Rafael González Guerrero En nuestro Sincelejo pasan cosas que, a nuestro entender, no son verosímiles, porque chocan con la noción de la legitimación del poder. El hombre no vive aislado y su desarrollo debe entenderse dentro de los límites que respeten el derecho de los demás, y es ahí donde el Estado se erige como un poder moderador y distribuidor de justicia. Pero esa justicia no nace del Estado, sino que es intrínseca al hombre, al igual que el derecho de propiedad y tan connatural a él como la libertad. El Estado no puede mirar impávido la lucha de los intereses individuales y debe intervenir solo para establecer el equilibrio en lo económico, en lo social y en lo político. Es cuando la democracia se hace más participativa, con el apoyo de la comunidad para su propio desarrollo. El poder significa el mando sobre una comunidad, y debe ejercerse prístinamente, es decir, sin subterfugios, sin corrupción y sin conflictos de intereses, para que la comunidad dirigida alcance el bienestar absoluto. Pero cuando se piensa en uno particular, se desdibuja esa ley universal de la relación mando obediencia. Hemos avanzado en la libre discusión de nuestras preferencias políticas, tal como se demuestra en la elección periódica de gobernantes y cuerpos colegiados. Nos falta un buen trecho, pues sin el fortalecimiento de los partidos políticos, que son la vía expedita para obtener el poder, vamos decayendo en ese ejercicio original de la democracia. Ahora bien, territorialmente en nuestro entorno, sabemos que el ejercicio de ese poder no ha alcanzado a consolidarse, pues actualmente se cumple con un manto de duda, ya que seguimos dependiendo de si el Consejo de Estado por fin pone coto a las innumerables triquiñuelas jurídicas con las que se pretende alargar espuriamente un período de gobierno truncado por orden judicial, con las naturales consecuencias, como la que se verá reflejada en las próximas elecciones en las que vamos a elegir al líder que nos guiará los próximos cuatro años. Y es que nos hemos acostumbrado a aceptar que alcaldes pongan o monten un sucesor de su absoluta confianza o entrañas para poder seguir gobernando en cuerpo ajeno y es entonces que, si esto sucede en nuestra querida y amada ciudad, la ilegitimidad del poder se vería aplazada cuatro años más. Un poder ejercido así, aun cuando los ciudadanos lo hayan rubricado en las urnas, no es legítimo. P.S. Existieron intervenciones ilegales a teléfonos de particulares desde el Gobierno. Está demostrado. Presidente, deje que la Fiscalía investigue, pues a la larga le está haciendo el favor de no presentar ningúncargo en contra suyo ante la comisión de acusación.