La jurisdicción agraria

El gobierno impulsa la jurisdicción agraria con urgencia, buscando agilizar la entrega de tierras. El proyecto genera críticas por posibles expropiaciones y vulneración de derechos, según expertos.

Por Rafael Hernández Mestra Dentro de las llamadas "reformas" que ha propuesto este gobierno, y que muchas se las ha tumbado la Corte Constitucional, ha propuesto la jurisdicción agraria para hacer más expedito el proceso de entrega de tierras, una de las propuestas populistas hechas en campaña y, que como muchas hasta ahora no se han cumplido. Dicha jurisdicción, que tiene muchos opositores y la miran con mucha reserva incluso por miembros de partidarios del gobierno, ha sido radicada por el Ministro del Interior con mensaje de urgencia, que es una figura que se utiliza ante el legislativo cuando a un proyecto se le quiere poner el acelerador para que lo estudien rápido o cuando quieren brincarse los debates públicos y juiciosos como es este caso. Este mensaje de urgencia le da al legislativo un plazo máximo de tres meses para sacar adelante la iniciativa. La urgencia del gobierno responde a la necesidad de contar con el soporte normativo que permita que la jurisdicción entre en funcionamiento en el menor tiempo posible, y que de esta forma se pueda impulsar la adquisición de tierras para la reforma rural, que es otro de los compromisos de este gobierno. Sin embargo, este proyecto ha despertado muchas críticas ya que diversos sectores han expresado preocupaciones sobre sus implicaciones para la propiedad privada y el debido proceso, ya que, en el fondo, en una forma velada, se ve una expropiación. Los que han escrudiñado el proyecto señalan que el articulado contiene elementos que podrían vulnerar derechos fundamentales y poner en riesgo la seguridad jurídica en el campo. Entre los puntos que más preocupa se encuentran la eliminación de etapas de control judicial en algunos procedimientos agrarios, lo que podría generar desigualdades entre las partes involucradas en los litigios. Entre las advertencias que se le hacen está la llamada "expropiación exprés", lo que permitiría que la Agencia Nacional de Tierras designe o adquiera tierras a través de procedimientos administrativos rurales sin un control judicial adecuado, lo que, sumado a la falta de claridad en algunos artículos del proyecto, alimenta el temor de que los propietarios rurales puedan quedar indefensos ante posibles expropiaciones rápidas. La más estudiosa y crítica de este proyecto ha sido la Representante Katherine Miranda, pues según su análisis e interpretación, con esta propuesta es la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y no un juez la encargada de resolver los procedimientos especiales como las expropiaciones. Otro punto preocupante es el principio de permanencia agraria, que limita la capacidad de los propietarios de tierras para proteger sus predios en caso de ocupación indebida.