La inseguridad jurídica: sus consecuencias

Colombia enfrenta una crisis de inseguridad: bandolerismo, impunidad judicial y reformas legales constantes. La laxitud en la justicia y la inestabilidad normativa socavan la confianza ciudadana.

Por Valmiro Sobrino Oliveros Los bandoleros se han tomado al país desde Pasto hasta La Guajira y de esta hasta el Chocó. Con el nombre de ELN, Farc, autodefensas, etc., estos malhechores tienen arrinconado al país. El ELN registra 29 secuestros, las Farc otro tanto y la fuerza pública no está a la ofensiva sino a la defensiva. El país se cae en pedazos pero este no es el tema de este artículo. De la misma manera hay una inseguridad jurídica alarmante que el ciudadano no percibe porque está anonadado y perplejo ante la quiebra del orden público que afecta su seguridad personal y sus bienes y esto, obviamente, es primero. Pero la inseguridad jurídica tiene también efectos nocivos sobre la vida de los colombianos. Esta se materializa de dos maneras: la primera es la permisividad de los jueces y la laxitud de nuestro sistema de justicia para castigar el crimen. No más antier un juez de Bogotá dejó libres 25 criminales encausados por extorsión, homicidio, porte ilegal de armas y otros delitos. Los procesos sobre los escándalos en las elecciones presidenciales pasadas duermen el sueño de los justos en la fiscalía. El sistema judicial es paquidérmico, enredado en sinnúmero de innecesarias formalidades que coadyuvan la impunidad. En segundo lugar, la inseguridad jurídica se expresa en nuestra costumbre leguleya (santanderismo) de reformar todos los días una ley o de hacer otra para cada caso que se presente. Carlos Lleras Restrepo dijo una vez que en este país uno se acostaba con una ley y amanecía con otra. Ahora la Corte Constitucional debate sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada contra del ordinal 5° del artículo 154 del Código Civil sobre si es no causal de divorcio la drogadicción por parte de uno de los cónyuges. Conociendo a nuestra inefable Corte Constitucional que más de una sorpresa desagradable nos ha dado, no es raro que ahora falle a favor del demandante y declare inexequible la norma alegando el principio del "libre desarrollo de la personalidad" y el cónyuge inocente tenga que convivir en su hogar con un sujeto (a) drogadicto. ¡Qué horror! La falta de seguridad jurídica es también un problema de orden público y origina desconfianza de los ciudadanos con el sistema judicial el cual es en los países más desarrollados del mundo una prenda de garantía en la seguridad de sus instituciones.