La falsa paz

Tras la firma del acuerdo de paz en Colombia (2016), la violencia se fragmentó. Líderes sociales, excombatientes y comunidades sufren asesinatos, extorsiones y desplazamientos. El narcotráfico y grupos armados impulsan la crisis.

Por Félix Manzur Jattin El acuerdo de paz en Colombia, firmado en 2016 entre el gobierno y las Farc, fue aclamado como un paso crucial para terminar con más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, la realidad de la "falsa paz" que siguió ha demostrado que, lejos de traer estabilidad, el país enfrenta una violencia más fragmentada y descontrolada. Líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes y comunidades enteras siguen siendo blanco de asesinatos, extorsiones y desplazamientos. Desde la firma del acuerdo, más de 1.500 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados, según organizaciones de derechos humanos. Muchos de estos crímenes han sido perpetrados por grupos armados que surgieron o se fortalecieron tras la desmovilización de las Farc. El ELN, otro grupo guerrillero que rechazó el acuerdo, ha incrementado sus actividades delictivas, incluyendo secuestros, tomas de territorios y extorsiones. La población rural, que en su mayoría apoyó el proceso de paz con la esperanza de un futuro más seguro, ha sido víctima de este ciclo de violencia. A esto se suma la voladura de oleoductos, una táctica recurrente de guerrillas como el ELN, que utiliza estos ataques como presión contra el Estado y las empresas petroleras. Estos atentados no solo generan pérdidas económicas, sino también desastres ambientales que afectan a las comunidades. El narcotráfico sigue siendo uno de los motores principales de la violencia. Los vacíos de poder dejados por las Farc fueron ocupados por otros grupos armados, como las disidencias de las Farc, el ELN y bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas. Las zonas que antes eran controladas por un solo actor armado ahora están en disputa, lo que ha llevado a un recrudecimiento de los enfrentamientos y desplazamientos forzados. El abigeato y otros delitos económicos también han proliferado, afectando directamente la economía rural y poniendo en peligro la vida de los campesinos. El campo colombiano sigue siendo una tierra sin ley, donde las autoridades tienen poca o nula presencia, lo que facilita la expansión de estos delitos. En este contexto, la paz en Colombia parece más un espejismo que una realidad tangible. Aunque el conflicto con las Farc haya disminuido, las dinámicas violentas que el acuerdo pretendía erradicar no solo persisten, sino que se han intensificado en muchas regiones. Los nuevos actores armados han llenado el vacío dejado por las Farc, y los narcotraficantes y guerrilleros continúan imponiendo su ley en vastas áreas del país.