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Opinión

La circular roja

Miguel Mercado Vergara
Miguel Mercado Vergara
Columnista
6 de junio de 2025

Una circular roja busca aprehender a la Fiscal General de Colombia y al exministro Velásquez, acusados de corrupción en Guatemala. La medida genera controversia legal y política.

Por Miguel Mercado Vergara Aún no cesa la expectativa que ha causado en todos los círculos nacionales la expedición de una circular roja dirigida a las autoridades policiales para aprehender o capturar a la actual Fiscal General de la Nación, Dra. Luz Adriana Camargo y al exministro de defensa Iván Velásquez, hoy al frente de la diplomacia colombiana ante el Vaticano. La opinión pública, de tiempo atrás, sabe que los dos personajes de nuestro país, estando al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig-, lideraron en esa nación una serie de averiguaciones encaminadas a destapar poderosos engranajes de corrupción que estremecieron en su momento los cimientos de la justicia guatemalteca. Ahora la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, atendiendo una solicitud del Fiscal Especial contra la Impunidad de dicho país, Rafael Curruchiche, emite la citada orden de apresamiento porque, según las motivaciones para expedirla, han descubierto que la Fiscal y el exministro colombianos están involucrados en hechos de corrupción encaminados a favorecer a la constructora Odebrecht en suma equivalente a 3.000 millones de quetzales lo que va en detrimento del patrimonio de Guatemala. Aquí en Colombia, en los Estados Unidos y aún al interior del propio país centroamericano, ya se ha dicho que la medida de apresamiento contra los servidores públicos colombianos carece de respaldo legal dado que los afectados gozan de inmunidad muy a pesar de que ya no están en ejercicio de los cargos que desempeñaron destacándose la motivación retaliatoria que inspira dicha captura. Administrar justicia con rectitud es misión que acarrea consecuencias. Más cuando se pisan callos. Pero a la postre la sociedad se fortalece y se siente protegida cuando el estamento judicial responde con firmeza contra los hechos degradantes que corroen las instituciones. Una nación sin una justicia honesta se derrumba a pedazos. En episodios como este que proviene de Guatemala no faltan las opiniones encontradas porque es apenas explicable que en una democracia donde hay diversidad de pensamientos surjan interpretaciones múltiples. A la larga la variedad de ideas enriquecen los debates y la sana discusión. Lo censurable es cuando el odio y las pasiones desenfrenadas se apoderan de los espíritus y se genera la disputa que desemboca en el empleo de la violencia ciega que ocasiona la hecatombe colectiva.