La ciencia: el gran ausente del campo colombiano

Colombia se precia de su vocación agropecuaria, pero en la práctica su estructura productiva rural continúa operando con una preocupante desconexión del conocimiento científico. A pesar de contar con más de 50 facultades de ciencias agrarias, decenas de centros de investigación y miles de egresados en agronomía, agroecología o zootecnia, los campos siguen sembrándose con tecnologías y saberes de hace cuatro décadas. La pregunta sigue latiendo con fuerza: ¿por qué esa brecha no se ha cerrado?

El problema no es la ausencia de conocimiento, sino su desvinculación estructural del territorio. Lejos de contar con ciencia aplicada que oriente decisiones productivas, la mayoría de los agricultores depende aún de la tradición empírica o de recomendaciones comerciales que, aunque útiles en el corto plazo, no siempre responden a las particularidades del ecosistema rural. En pleno 2025, miles de cultivos siguen operando sin análisis de suelos, sin estrategias de manejo integrado de plagas, sin indicadores técnicos ni acompañamiento especializado continuo. Los efectos son alarmantes y medibles. Más del 40 % de los suelos agrícolas del país presentan algún nivel de degradación, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2022). En paralelo, la productividad se mantiene estancada en muchas regiones, mientras los costos de producción crecen por la dependencia de fertilizantes y agroquímicos importados, lo que erosiona la rentabilidad del productor y acentúa la vulnerabilidad ambiental. Mientras tanto, otros países de América Latina avanzan con estrategias integrales para acercar la ciencia a sus territorios rurales. Brasil ha implementado sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestación a gran escala. México desarrolla plataformas digitales para trazabilidad agroecológica con foco comercial. Perú, por su parte, promueve redes de innovación entre universidades, gobiernos subnacionales y comunidades campesinas, apostando por una ciencia con pertinencia territorial. Colombia, pese a contar con capacidades científicas y técnicas notables, carece aún de un sistema de extensión rural robusto, articulado y financiado. El Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), creado por la Ley 1876 de 2017, no ha logrado consolidarse. La falta de coordinación institucional, los escasos recursos y su débil implementación en el nivel municipal limitan su impacto. Aun así, comienzan a germinar experiencias que podrían marcar el rumbo. En el Caribe colombiano, el Ecosistema de Coco ha logrado integrar ciencia desde la raíz: análisis de suelos, asociaciones productivas con cacao, jengibre, cúrcuma y hortalizas de ciclo corto, prácticas regenerativas adaptadas a los saberes comunitarios y valorización de residuos orgánicos. Estos pilotos se proyectan hacia nuevas zonas como el Urabá chocoano, con enfoque intercultural, agroindustrial y de inclusión territorial. El mango también comienza a transformarse. En regiones como el Cesar y Ayapel (Córdoba), se han implementado programas de injertación especializada, certificación para exportación y enlaces con clústeres logísticos. Incluso el marañón, históricamente subvalorado, empieza a posicionarse como cultivo estratégico en La Guajira y Córdoba, asociado a procesos de transformación agroindustrial y adaptación al cambio climático. Estas iniciativas no solo aumentan los rendimientos. También fortalecen la autonomía del productor, su capacidad para negociar con agroindustria y banca, y abren puertas a mercados diferenciados. Sin embargo, para que dejen de ser excepciones y se conviertan en norma, el país debe avanzar con decisión en reformas estructurales. Primero, urge fortalecer el SNIA con enfoque territorial. Este sistema debe articular de manera efectiva a universidades, Agrosavia, el ICA, el SENA y las secretarías de agricultura en torno a proyectos productivos con impacto real. El modelo de EMBRAPA en Brasil es un ejemplo exitoso: una agencia de investigación agropecuaria que ha liderado la innovación rural de ese país con resultados medibles. Segundo, se requieren incentivos públicos ambiciosos para la ciencia aplicada. Fondos de regalías, cooperación internacional y líneas de crédito deberían priorizar alianzas público-privadas centradas en transferencia tecnológica, validación de pilotos y sistematización de aprendizajes. México, con sus fondos especiales para reconversión agroecológica, ofrece un camino interesante. Tercero, Colombia necesita profesionalizar su servicio de extensión rural. Se requiere una nueva generación de extensionistas formados técnicamente, con sensibilidad social y capacidad de permanecer en el territorio. Estos profesionales no deben ser visitantes ocasionales, sino aliados permanentes de las comunidades rurales. Cuarto, el conocimiento debe democratizarse. No basta con publicar artículos científicos o tesis académicas. La ciencia debe transformarse en herramientas útiles: aplicaciones móviles, protocolos visuales, plataformas de información agroclimática, módulos digitales, cartillas gráficas y otros recursos adaptados a productores con distintos niveles de formación. Perú, con su Red de Innovación Agraria, ha comenzado a recorrer este camino. En definitiva, la ausencia de ciencia en el agro colombiano no es solo un problema técnico. Es el reflejo de una institucionalidad que aún no valora el conocimiento rural, de una política que ha subestimado el papel estratégico de la innovación, y de un sistema que sigue viendo la tecnología como un lujo, cuando debería asumirla como un derecho productivo. Cerrar esta brecha tomará tiempo, pero es inaplazable. Porque sin ciencia, el campo colombiano seguirá atrapado en un ciclo de baja productividad, dependencia e inequidad. Con ciencia, es posible construir una ruralidad moderna, resiliente y justa. El conocimiento no puede quedarse en los laboratorios: debe pisar barro, dialogar con los campesinos, resolver cuellos de botella… y sembrar futuro.