La autonomía universitaria

La autonomía universitaria, clave en la gestión independiente de las instituciones, se ve amenazada. El gobierno busca intervenir en la elección de rectores, vulnerando su independencia y autogobierno.

Por Rafael Hernández Mestra La autonomía universitaria es la independencia política y administrativa de una universidad pública respecto a factores externos. El principio de autonomía universitaria sostiene que la universidad debe ser autónoma y auto-gobernada, y que debe elegir sus propias autoridades sin injerencia del poder político, decidiendo sus propios estatutos y programas de estudios. El movimiento reformista reclama como parte del principio de autonomía universitaria, la autarquía financiera de las universidades. Para garantizar este principio se han propuesto soluciones como la garantía legal de que la asignación presupuestaria para las universidades esté establecida en un mínimo no modificable por los gobiernos. Un aspecto secundario, aunque de gran importancia, es que la autonomía universitaria suele implicar la inviolabilidad de los edificios universitarios por parte de las fuerzas de seguridad, llámese policía, ejército o Esmat. En cuanto a las elecciones, los votos son ponderados según grupos, de forma que, por ejemplo, vale más el voto de un catedrático que el de un profesor titular y muchísimo más que el de un alumno. De todas formas, todo depende de los reglamentos y los estatutos y el cronograma del Consejo Superior. Sin embargo, el autogobierno determina cómo se administra una universidad autónoma de una manera responsable para su propio beneficio. Permite la emancipación del Estado y realiza una autonomía más plena. Pues bien. En esta autonomía universitaria es que quiere acabar este gobierno, así como ha acabado con la economía, la salud, con Ecopetrol, con los comerciantes y en general con todo el sector productivo y con todo lo bueno y regular que tenía el país, la muestra la ha dado con la designación del rector de la Universidad Nacional de Colombia, que después de haber sido elegido legal y estatutariamente hace casi dos meses el gobierno, a través del Ministerio de Educación y por directrices directas del Presidente de la República se ha negado a reconocerlo y está utilizando toda clase de marrullerías y argucias jurídicas para designar a un rector de bolsillo y con un sesgo político así como pasó en la Fiscalía General de la Nación. Todo llegó al extremo de que el rector elegido tuvo que acudir a tomar posesión del cargo ante un notario.