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Opinión

Justicia y legalidad: dos caras de una misma moneda

Glenda K. Fuentes
Glenda K. Fuentes
Columnista
21 de septiembre de 2024

La justicia y la ley a menudo chocan. ¿Cómo equilibra el sistema legal la justicia ideal con la aplicación de reglas? Un análisis sobre la tensión entre legalidad y la percepción social.

Por Glenda K. Fuentes A la luz de la sociedad, uno de los principales roles del Estado es mantener el orden y con él, la justicia. Sin embargo, la discusión sobre esta última podría volverse interminable, teniendo en cuenta que la percepción de la misma puede estar influenciada por emociones, sentimientos y expectativas, que buscan dar a cada quien lo que corresponde según sus circunstancias particulares. Pero, ¿qué ocurre cuando esas expectativas chocan con la frialdad de la ley? En ese contexto, el jurista alemán Gustav Radbruch afirmaba: "Si no puede fijarse lo que es justo, hay que establecer lo que es jurídico". Con esta frase, reconoce la tensión que existe entre la justicia, como un ideal filosófico, y la legalidad, como un sistema de reglas que buscan mantener la estabilidad social. En muchas circunstancias, el sistema jurídico se ve descalificado a los ojos de sus observadores, mientras el pueblo exige "justicia" a través de la privación de la libertad y la judicialización de los presuntos autores, los jueces, ante el imperio de la ley, buscan administrarla garantizando que el orden social se mantenga con la aplicación estricta de lo dispuesto en la norma, aún cuando esto implique un resultado aparentemente "injusto". La frustración de la sociedad ante ciertas decisiones judiciales, especialmente aquellas que resultan en la libertad de un sujeto por vencimiento de términos o por fallas procesales, a menudo genera la percepción de que el sistema no funciona. Sin embargo, es importante recordar que los principios que sostienen el debido proceso y las garantías procesales no son defectos, sino pilares fundamentales para la protección de los derechos de todos, tanto inocentes como culpables. El desafío está en entender que la legalidad debe ir de la mano de la justicia, aunque en situaciones particulares pareciera que existe una ruptura entre ambas. Los jueces en su saber deben limitarse no solo al principio de legalidad, sino también a valores universales como la justicia; su labor es la aplicación de la ley con imparcialidad, aunque esto pueda resultar impopular. Si bien es absolutamente reprochable cualquier comportamiento que lesione los bienes jurídicos de otros, en especial la vida, no basta con que existan normas que conlleven a sanciones; es necesario construir el valor de la justicia como aquello que es justo en un contexto social, determinado por un orden moral y ético. De ahí la importancia de comprender que las circunstancias sociales no deben ser ajenas ni a la justicia ni a la legalidad. Solo cuando la moral, la ética y el valor de justicia se integran al tejido social, el sistema jurídico puede ser verdaderamente efectivo, regulando y previniendo conductas que atenten contra el bienestar común y generando confianza y equidad entre la colectividad social.