Injusticia tarifaria en el Caribe

Las altas tarifas eléctricas en el Caribe colombiano persisten, incumpliendo promesas de reducción tras contratos con Afinia y Air-e. Inversiones millonarias no se traducen en alivio económico, generando dudas sobre el futuro del servicio.

Por David Luna* Hace cuatro años, cuando se firmaron los contratos con los operadores Afinia y Air-e para la prestación del servicio eléctrico en el Caribe colombiano, se prometió una justicia tarifaria que reduciría significativamente el costo de la energía para los usuarios de la región. Sin embargo, a pesar de estas promesas, las tarifas de energía en el Caribe siguen siendo las más altas del país. Desde 2020, Afinia y Air-e asumieron el compromiso de invertir $5,8 billones en la modernización de la infraestructura eléctrica y en la mejora de la calidad del servicio durante un período de cinco años. Estas inversiones estaban destinadas a reducir las pérdidas por robo de energía, instalaciones fraudulentas y falta de pago, con el objetivo de mejorar las condiciones operativas y, en última instancia, reducir las tarifas para los usuarios. Como parte del acuerdo, los operadores podían aplicar un cargo adicional temporal en las tarifas para financiar estas inversiones. Esta decisión tenía la justificación de que, a medida que se realizara la inversión y se redujeran las pérdidas, también deberían disminuir las tarifas. Ahora, ¿sin el cumplimiento de estas inversiones, podrían los operadores Afinia y Air-e cobrar estas exorbitantes pérdidas sin que los usuarios vean alivio alguno en su bolsillo? La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de este régimen transitorio y de asegurar que las tarifas se ajusten conforme a las inversiones realizadas. A pesar de su papel crucial, las tarifas no han disminuido y persiste una falta de transparencia sobre la ejecución de las inversiones por parte de Afinia y Air-e. Después de cuatro años de operación, el costo de la energía en el Caribe sigue siendo el más alto del país. El plazo para completar las inversiones vence en 2025, y surge una pregunta crítica que el gobierno parece evitar: ¿cómo se garantizará la continuidad del servicio eléctrico en el Caribe una vez concluya este régimen transitorio? Tan pronto finalice este régimen transitorio, los operadores Afinia y Air-e no podrán seguir cobrando excepcionalmente por las pérdidas. Si para entonces no cuentan con la infraestructura adecuada, como resultado de las inversiones prometidas, la región podría enfrentar una nueva crisis financiera y operativa, reviviendo los problemas que llevaron al colapso de Electricaribe. ¿Qué pasó con la justicia tarifaria en el Caribe? El Gobierno Nacional se ha enfrascado en la confrontación con los generadores eléctricos privados, en su afán de imponernos la estatización total del sector. Nada de esto se ha traducido en una reducción de tarifas porque lo único que deben hacer para lograrlo, que es la supervisión del cumplimiento de los compromisos que hicieron Afinia y Air-e en 2020, no lo han hecho. Los recibos de la luz en la región son impagables para los ciudadanos y han generado una marcada reducción en la competitividad, por las tarifas que pagan los sectores comercial e industrial. Además, es inconcebible que sobre la mesa esté la posibilidad de revivir el desastre de Electricaribe. Por esta razón, cité a debate de control político en la Comisión Primera del Senado al Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y al Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, para que respondan los interrogantes aquí planteados y le den explicaciones al Caribe por la clara injusticia tarifaria que viven en la región. *Senador de la República.