Infame plan pistola

Colombia enfrenta un "Plan Pistola" que amenaza a la Fuerza Pública, cobrando la vida de uniformados. ¿Quiénes son los responsables y qué medidas se toman ante esta crisis de seguridad?

Por Arianna Córdoba Díaz Ellos exponen a diario su vida para que usted y yo estemos tranquilos. Ellos recorren el territorio nacional para garantizar nuestra seguridad. Ellos cuidan los barrios, las plazas, los conciertos, las manifestaciones. Ellos protegen desde el presidente de la República hasta el más humilde colombiano. Ellos son los miembros de la Fuerza Pública y, desde hace dos semanas, a ellos literalmente LOS ESTÁN MATANDO. El infame "Plan Pistola", que ha cobrado la vida de cerca de 30 uniformados –hasta el momento de escribir estas líneas–, se torna más infame aún cuando percibimos que tienen prácticamente las manos atadas y que, más allá de las oraciones que eleven a Dios clamando por su misericordia, no pueden hacer más para preservar su humanidad, pues por alguna absurda y mezquina razón no pueden atacar a quienes están diezmando nuestra Fuerza Pública. Estos colombianos, que son realmente los hijos del pueblo y que evidentemente están dando la vida por el pueblo, parecen ser la cuota de sacrificio de una falsa "paz total" que hoy se proyecta como la quimera de una mente delirante, vanidosa y rencorosa. Ese sacrificio NO vale la pena. No y no: la vida de nuestros soldados, de nuestros policías, está por encima de esos acuerdos con malhechores. Es como si nos devolviéramos a las aciagas épocas de Pablo Escobar, cuando a los sicarios les pagaban un millón de pesos por cada policía que asesinaran. Ahora se dice que el Clan del Golfo paga entre tres y veinte millones por cada atentado exitoso a miembros de la Fuerza Pública, dependiendo del rango del uniformado al que sacrifiquen. Pero es que no solamente sería el Clan del Golfo el que estaría detrás de este macabro “Plan Pistola”. Se cita que también el ELN y las disidencias de las Farc son responsables por la muerte de nuestros uniformados. Y sí, son nuestros, de todos los colombianos que rechazamos este accionar contra quienes nos cuidan y protegen. Si el Estado y sus “jefes” siguen en esa actitud procrastinadora, demorando en tomar decisiones efectivas y oportunas que permitan contrarrestar a los asesinos de nuestra Fuerza Pública, pues entonces sí que terminaremos hundidos en el hoyo de las mil y una desgracias a las que, al parecer, nos quieren condenar.