Índice de Desempeño Institucional: una medición clave para mejorar el servicio al ciudadano

En Colombia solemos juzgar la gestión pública por los discursos, las obras visibles o la capacidad de una autoridad para aparecer en los titulares. Sin embargo, hay una medición menos ruidosa y mucho más reveladora: el Índice de Desempeño Institucional (IDI). Aunque suene técnico, este indicador dice algo esencial sobre el Estado: qué tan preparado está para cumplirle al ciudadano cuando este necesita una respuesta, un trámite, un subsidio o una decisión oportuna.

El Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) calcula cada año el IDI para evaluar a las entidades públicas del orden nacional y territorial. Alcaldías, gobernaciones, ministerios e institutos descentralizados son medidos bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Mipg), creado por el Decreto 1499 de 2017. La evaluación contempla siete dimensiones —entre ellas talento humano, direccionamiento estratégico, gestión para resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y control interno— y 19 políticas específicas. La información se reporta a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (Furag), pero no se queda en una declaración de buena voluntad: el Dafp la contrasta con evidencias documentales, actas, reportes y plataformas institucionales. Por eso, un puntaje alto no debería verse como una medalla burocrática. Debería entenderse como una señal de capacidad institucional. Una entidad con buen desempeño suele responder las peticiones, quejas y reclamos dentro de los términos legales; mantiene actualizada su información pública; conserva archivos organizados y trazables; y reduce los riesgos en sus sistemas de información. En otras palabras, detrás de un buen IDI hay algo que la ciudadanía percibe con claridad: menos vueltas, menos incertidumbre y menos dependencia de la voluntad de un funcionario. Pensemos en un ciudadano que solicita un certificado de estratificación socioeconómica o un subsidio de un programa municipal. En una alcaldía con IDI alto, ese trámite puede estar digitalizado, contar con número de radicado y tener un plazo de respuesta conocido. En una entidad con bajo desempeño, el mismo proceso puede convertirse en una peregrinación por ventanillas, archivos físicos difíciles de ubicar y respuestas que dependen de quién esté ese día en la oficina. La diferencia no es menor: para una familia que espera un subsidio educativo o una oportunidad de vivienda, una demora de semanas puede cerrar puertas concretas. La Constitución, en su artículo 209, exige que la función administrativa se ejerza con eficacia, economía y celeridad. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, adoptado mediante la Ley 2294 de 2023, mantiene el IDI como una herramienta central para monitorear el fortalecimiento institucional. Pero el debate de fondo no es jurídico ni técnico: es político en el sentido más ciudadano de la palabra. Un Estado no se mide solo por lo que promete, sino por la capacidad real de sus instituciones para responder sin maltratar al usuario, sin perder documentos y sin convertir cada trámite en una prueba de resistencia. Por eso, el IDI merece más atención. No es una tabla distante para especialistas, sino una radiografía de la administración que incide en la vida diaria. Cuando el índice mejora, también debería mejorar la experiencia del ciudadano frente al Estado. Y cuando permanece bajo, la conclusión es incómoda pero necesaria: allí la institucionalidad aún les falla a quienes más necesitan que funcione.