improvisación de estado y traición al territorio

Las inundaciones recurrentes en Córdoba no son una fatalidad climática: son el resultado directo de décadas de improvisación estatal...

Las inundaciones recurrentes en Córdoba no son una fatalidad climática: son el resultado directo de décadas de improvisación estatal, omisiones técnicas y captura del territorio por intereses privados. Duelen miles de ciudadanos que han perdido sus pertenencias. Comunidades enteras bajo el agua. La pregunta es inevitable: ¿por qué no se continuó el proyecto del río alterno al Sinú? La llamada Caimanera, concebida como un canal de alivio desde Tierralta hasta la desembocadura, debía funcionar como vía alterna de descarga hídrica en épocas de creciente. En Europa, la mayoría de los ríos como el Sena, Danubio, Volga, Rin, Elba y Loira tienen canales alternos o ríos para amortiguar, descargar y evitar las inundaciones que sufría Europa. Sin embargo, el proyecto de la Caimanera se inició, fue en Montería, quedó truncado en San Pelayo, convertido en un elefante hidráulico incompleto. Recuerdo que, siendo delegado presidencial ante la CVS el proyecto estaba en marcha. Se debía construir un canal grande o río alterno al Sinú para recoger aguas y llevarlo hasta la desembocadura, o sea, hasta el mar. El resultado es evidente: el Sinú sin amortiguadores, las ciénagas colmatadas y los municipios convertidos en recipientes del desborde. A esto se suma la destrucción sistemática de humedales. Cientos de miles de hectáreas de ciénagas y zonas de amortiguación han sido ocupadas ilegalmente por ganadería extensiva y proyectos agroindustriales tolerados —cuando no promovidos— por autoridades ambientales y políticas locales. Más de 100 mil hectáreas de humedales en la ciénaga grande, zonas del alto, medio y bajo Sinú, como del San Jorge ocupadas, yo diría que saqueadas para ganadería, agricultura y otros avivatos que venden lotes en zonas bajas y peligrosas. Al eliminar los humedales, se eliminó la capacidad natural de regulación del agua. Las instituciones del Estado han fallado. La Ungrd actúa de forma reactiva, repartiendo ayudas después de la tragedia, pero sin una política estructural de prevención. Los ministerios de Ambiente, Agricultura y Transporte han operado de manera fragmentada, sin un enfoque de cuenca integral, violando el principio de coordinación estatal consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política. Normativamente, Colombia tiene herramientas suficientes que no se cumplen.