Golpe salarial

Gran revuelo ha causado en todo el ámbito nacional la decisión del Presidente Petro al dictar el decreto 0030 de 2026 mediante el cual elimina la prima especial se servicios a los congresistas de $ 17.000.000.oo con lo cual se les reduce sustancialmente el ingreso mensual.

En años pasados esa misma garantía había sido declarada inconstitucional por el Consejo de Estado pero más tarde fue revivida hasta ahora en que el actual mandatario propina semejante golpe salarial. Como se ha escuchado, muchos parlamentarios han puesto el grito en el cielo argumentando que son manifestaciones retaliatorias del jefe de Estado en razón de las duras oposiciones que le han hecho a muchos de los proyectos legislativos presentados por el ejecutivo lo que ha impedido el logro de las reformas propuestas desde los tiempos de campaña. Mil veces el primer mandatario ha alzado su voz de protesta contra senadores y representantes que han frenado sus propósitos reformistas. Pero es que el golpe salarial no sólo arruga el bolsillo de los congresistas sino que, de carambola, la estridencia retumba de manera inevitable en gran parte del andamiaje institucional de manera tal que el estruendo es de enormes dimensiones porque un elevado porcentaje de miembros de las otras ramas del poder público sus salarios están íntimamente ligados a lo que perciben los parlamentarios. Uno de los sectores que más afectados resulta es el de la rama judicial porque por ley está reglado que un magistrado de alta corte devenga lo mismo que un congresista y un magistrado de tribunal y entidades de justicia de similar rango su salario equivale al 80% de lo percibido por el togado de alta corte. Similar sucede en el Ministerio Público con algunos de sus integrantes y así mismo en otros sectores estatales. Lo sensato es que si lo que se quiere enderezar es el ingreso de los miembros del legislativo los demás integrantes del rol oficial no tienen por qué pagar los platos rotos. De manera que lo sensato es que haya una reglamentación del decreto del gobierno encaminada a impedir que se afecte a los otros órganos de la institucionalidad ligados a la suerte salarial de los congresistas pues día a día desarrollan enjundiosas tareas en cumplimiento de sus deberes, en especial los magistrados, jueces y ministerio público. Una merma salarial para éstos no se justifica.