Gobernadoras en Barranquilla

Los derechos de las mujeres indígenas enfrentan un doble reto: reconocimiento político y respeto cultural. Un congreso en Barranquilla busca soluciones ante costumbres que limitan su participación.

Por Alexander Marimón Márquez La construcción y consolidación de los derechos humanos como herramienta para evitar el abuso de poder, ha destacado las condiciones y circunstancias de los grupos que integran a la población, como las mujeres y los pueblos indígenas. Por ello, para las mujeres indígenas se observa un doble reto, tanto en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos políticos, como en la valoración de su condición indígena, en la que se respete su cosmovisión, cultura y tradición. En ese sentido, no sólo existe un problema en la protección de los derechos de participación política de la mujer, desde el sistema de partidos, sino también en el sistema normativo indígena, ya que en ambos se afecta el desarrollo de sus capacidades y el ejercicio de los derechos políticos de forma individual, por un lado, y colectivo, por el otro. Es decir, se perjudica el derecho a la participación en cargos de dirección, y en la toma de decisiones a todo nivel, dentro y fuera de la comunidad. Es el caso de las gobernadoras de Colombia, manifestado en el reciente congreso realizado en la ciudad de Barranquilla, donde se pidió un sistema normativo indígena especial, por no ser su cultura estática, sino cambiante, adaptada a las necesidades actuales, en las que las mujeres se enfrentan a costumbres y tradiciones que les afectan sus derechos políticos. Por otro lado, también hay que destacar a las mujeres que están privadas de la libertad. Ejemplo; cárcel la vega de Sincelejo hay mujeres emprendedoras en actividades artesanales y algunas destacadas en derechos humanos. En el departamento de Sucre hay más de 40 cabildos indígenas en que la mayoría son mujeres que desempeñan un importante papel en artesanías. En la subregión del San Jorge, especialmente en San Marcos hay mujeres dedicadas a la pesca. Las autoridades se enfrentan al dilema de resolver asuntos en los cuales se contrapone el derecho de las mujeres y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Ahora bien, en materia de derechos humanos, señalan las gobernadoras, que todas las autoridades tienen la obligación de respetar y proteger los derechos velando porque las mujeres indígenas estén informadas al respecto, de modo que impulsen la protección a sus derechos a la participación, amparados por convenios internacionales traídos al bloque que de constitucionalidad, y por los fallos de tribunales internacionales. En ese contexto, la finalidad de este congreso en Barranquilla, es explicar que el derecho a la participación política de las mujeres indígenas, se ejerce y se protege mediante decisiones que, si bien modifican el sistema normativo indígena, no permiten irrespetar su cultura. Asimismo, se muestra la situación de los derechos políticos de las mujeres indígenas en el sistema de los partidos políticos. En otro aspecto, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, enfatizó en que existe un subregistro de mujeres que son violentadas.