Gamonales y Juzgados locales

En una conversación, ciudadanos denuncian fallos judiciales sesgados y corrupción en un municipio. Cuestionan la imparcialidad de los jueces y la compra de votos, lo que socava la justicia.

Por Carlos Rodríguez Santos Bajo estos dos términos pretendo ofrecer, en esta oportunidad, una disquisición a propósito de una conversación sostenida con naturales de subregiones de nuestro departamento, a raíz de una consulta que me hicieron acerca de un conflicto jurídico de carácter laboral con un municipio y, efectivamente, asesorándoles que podían accionar ante el juez municipal por ser el competente. Sin embargo, uno me ha respondido, en su tono cordobés: "'docto' aquí toda demanda contra el municipio, los fallos son a favor del alcalde" y otro lo apoyó diciendo: "para demandar al municipio hay que demandar en el juzgado del circuito para ver si en la segunda instancia se gana en el tribunal" y asombrado, les pregunté: ¿cómo así?, y casi todos al mismo tiempo, me han respondido: "¡así como lo oye, 'docto'!", y uno terminó diciendo: "no ve que el jefe político tiene todo controlado aquí en la región y hasta dice que él compra el voto, de manera que no tenemos nada que reclamar". La verdad que les respondí, diciéndoles con hincapié: "es ese, precisamente, el conflicto jurídico que debe resolver el juez local" y me volvieron a responder, diciendo uno de ellos: "'docto', aquí justicia no hay". Volví a insistirles, diciéndoles finalmente: "la compra de los votos en las elecciones locales del gamonal arrogándose dueño del municipio y que ustedes no se atreven a identificarlo es diferente a que los jueces no resuelvan con justicia dicho conflicto jurídico, que equivale a rehusar a administrar justicia, por lo que deben denunciarlos" y les dije: "una evidencia indiciaria podría ser, relacionar los procesos contra el municipio en conflicto y relacionar si todos han sido a su favor, pues, no puede ser tan cierto ese resultado". De modo, que esta conversación dejó entre ver, dos supuestas acciones sociales viciosas, pero la que destruiría el Derecho como ciencia y profesión sería la que "equivale a rehusar a administrar justicia", por evidenciar una falta de competencia deontológica del abogado, pues, el juez, primero es un "abogado titulado" y, por tanto, constituye deber académico en la enseñanza del Derecho formar a un abogado: "incapaz de aceptar el cargo de juez por filiación política" y "capaz de apegarse a la justicia cuando dicte sentencia". Se las dejo allí.