Fuga 'consentida'

El escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha puesto de manifiesto no solo la fragilidad de nuestras instituciones, sino también el preocupante fenómeno de la impunidad que se cierne sobre altos funcionarios del gobierno. La fuga de Carlos Ramón González y César Manrique, muy cercanos al presidente Gustavo Petro y quienes deben rendir cuentas ante la justicia, sienta un precedente devastador para la confianza ciudadana en el sistema estatal.

Es inaceptable que, desde dependencias del Estado, se favorezca a aquellos que son buscados por las autoridades, como si el peso de la ley no fuera aplicable a todos por igual. Esta situación no solo desvirtúa el principio de igualdad ante la ley, sino que envía un mensaje alarmante sobre quiénes realmente pueden pagar por sus delitos y evadir la justicia. La lucha contra la corrupción no es solo responsabilidad del Estado; es un compromiso colectivo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Exigir justicia es nuestra obligación como ciudadanos, y no podemos permitir que la corrupción quede sin castigo. La impunidad no puede ser la norma si verdaderamente aspiramos a construir un país más justo y equitativo. El Gobierno no debe permitir la burla de la justicia, por parte de sus funcionarios.