Formalización turística: una nueva discusión abierta

Vivimos en una realidad distinta. Cambiamos la forma en que tomamos decisiones, cómo nos relacionamos, cómo viajamos, cómo trabajamos y cómo consumimos. Gran parte de esa vida cotidiana hoy transcurre en entornos digitales. Las aplicaciones y plataformas dejaron de ser una novedad para convertirse en herramientas habituales con las que organizamos nuestra vida.

Ese cambio no ocurrió de un día para otro, pero sí transformó profundamente la manera en que funciona la economía. Aplicaciones como Uber o Airbnb no surgieron por capricho: respondieron a nuevas necesidades y a formas más ágiles de conectar oferta y demanda. Mientras buena parte del mundo entendió ese fenómeno y buscó integrarlo, aquí preferimos convertirlo en un problema jurídico. Tanto así, que las aplicaciones de transporte siguen atrapadas en un limbo normativo y operan bajo una permanente sombra de ilegalidad. Hoy, algo muy similar está por ocurrir con el arrendamiento turístico. Miles de personas tomaron decisiones económicas importantes bajo reglas claras: compraron vivienda, accedieron a crédito, invirtieron ahorros e inscribieron sus inmuebles en el Registro Nacional de Turismo. Un sistema que, vale decirlo, logró formalizar cerca del 95 % del sector, según información del propio sector turístico. No se trata de un fenómeno marginal, sino de una actividad extendida que dinamiza economías locales y sostiene miles de ingresos familiares. Sin embargo, un nuevo borrador de decreto propone cambiar radicalmente las reglas. La iniciativa reemplaza el sistema declarativo por uno de preverificación administrativa, imponiendo exigencias que, en la práctica, resultan mucho más fáciles de asumir para grandes operadores. Se exige a las plataformas verificar cada seis meses la vigencia del RNT de cada anfitrión, identificar anuncios duplicados y garantizar interoperabilidad con sistemas estatales que ni siquiera existen aún. Lo que se presenta como mayor control puede terminar convirtiéndose en una barrera de permanencia para los pequeños. Este tipo de proyectos normativos responde a una lógica conocida: regular como si todos los actores fueran iguales. En este caso, la tramitología termina tratando al pequeño prestador como si fuera una gran cadena hotelera, desconociendo las diferencias reales del mercado. No es lo mismo una empresa con estructura jurídica, contable y administrativa que una persona natural que arrienda uno o dos inmuebles para complementar ingresos. Cuando la norma ignora esa diferencia, más que ordenar, excluye. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué estas plataformas, que funcionan de manera razonable y regulada en otros países, no han logrado encontrar un equilibrio similar en el nuestro? Quizás porque aún estamos aprendiendo a adaptar realidades nuevas con herramientas pensadas para estructuras tradicionales, lo que termina generando tensiones más que soluciones. El debate no es si debe existir regulación. Claro que debe existir. El debate es si se legisla con visión de futuro o con miedo al cambio; si se construyen reglas proporcionales, graduales y diferenciadas, o si se responde con más trámites, más exigencias y más cargas que terminan expulsando del sistema a quienes hicieron las cosas bien. Regular lo nuevo con reglas viejas no ordena el mercado: lo desajusta. Y cuando eso ocurre, como casi siempre, las mayores cargas recaen sobre los más pequeños.