Fondo para la reconstrucción

Existe una gran diferencia entre los objetivos de una empresa privada, cualquiera sea su tipo de organización, respecto de una administración pública. Mientras la primera busca la optimización del beneficio o utilidad, la segunda debe velar porque los recursos que aporta la sociedad a través de los impuestos cumplan, entre otros, la función de redistribuir los ingresos entre la población de forma directa o indirecta.

Es bueno aclarar y superar la vieja idea de que, como lo público es de todos y no tiene "dueño", se puede hacer lo que sea y dilapidar sus recursos a quienes los administran, y la ciudadanía aceptarlo como normal. No, para que lo público cumpla bien su papel, debe funcionar buscando también la optimización del beneficio social, lo cual no se produce por sí solo, sino aplicando medidas y formas de gestión en las que la eficiencia y "rentabilidad" de los recursos estén presentes. En este sentido, si una empresa privada en su ecuación contable o en un proyecto de inversión incluye un porcentaje para la administración, los imprevistos y las utilidades, que garantizan no solo el excedente buscado, sino la sostenibilidad del negocio, el sector público no está exento de incursionar por estos lados en su administración de lo que tiene a mano y con mayor razón cuando las condiciones materiales de vida de la población y el medio pueden impactar la normalidad requerida para el funcionamiento de la organización social. Condiciones que no son las de Colombia, que vive cruzada por constantes “desastres naturales” y que ahora les correspondió a otras entidades territoriales y particularmente al departamento de Córdoba, poniendo al descubierto que la variable gestión de riesgo no solo no tiene recursos suficientes para atender la emergencia en su etapa de reconstrucción, sino que no opera en el terreno de la prevención, amén de la corrupción de que ha sido objeto este sistema en Colombia. Esta situación conlleva que es necesario hacer de forma inmediata unos ajustes en los presupuestos públicos para liberar recursos que permitan atender lo inmediato, lo urgente, que debe darse con los recursos de la vigencia actual, para estabilizar las condiciones de vida de los miles de afectados. Estos serían traslados presupuestales, sacrificando o aplazando gastos y eliminando los "superfluos", porque parte importante de los recursos públicos es que no están asignados en donde deben estar. En cuanto al gobierno nacional, que percibe los mayores tributos que la sociedad aporta, reacciona diciendo que "no hay plata", lo cual proviene de la falta de planeación y de la mala asignación del presupuesto, y declara una nueva emergencia económica en su línea de financiar lo "nuevo", porque lo que está en el presupuesto 2026 es "inamovible", emergencia que demanda que el sector privado, todos, sigamos financiando el gasto público a manos llenas en despilfarro y corrupción. Sin esperar que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la declaratoria de emergencia, se debe ajustar el presupuesto actual para avanzar en la reconstrucción y crear un Fondo que reemplace a la Ungrd, por ineficiente y corrupta, con funciones de inversión en proyectos de prevención y atención a los casos que se presenten. Este fondo debe contar con los ingresos de la Ungrd, más otras fuentes que garanticen la disponibilidad inmediata y depender directamente de presidencia, para evitar el "no es mi responsabilidad" que tanto se ha oído en los últimos años y en la coyuntura.